El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 10.850 el año pasado, un 21,4% más que en el 2024. Se trata del dato más elevado desde el 2022, según las cifras provisionales publicadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante la crisis de la pandemia las ejecuciones hipotecarias volvieron a repuntar coincidiendo con el cierre masivo de empresas, despidos y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Durante el cuarto trimestre del año pasado, se registraron 3.460 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 67,8% más que en el trimestre anterior y un 34,5% más que en el cuarto trimestre del año anterior. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con desahucio de sus propietarios.
En el 2025 se iniciaron 22.879 ejecuciones hipotecarias, un 12,4% más en relación al año anterior. De ellas, 21.578 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.301 a fincas rústicas (-8%). Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 13,9%. Dentro de esta tipología, 14.962 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 17,7% más, y de ellas 13.069 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,7% superior a la del 2024.
Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas el año pasado, el 92,4% afectaron a viviendas usadas, con un incremento anual del 20,3%. Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas retrocedieron un 7,4%, hasta sumar 1.137. La estadística revela además que el 48% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas en el anterior boom inmobiliario, entre los años 2005 y 2008.
Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 3.598, seguida de Catalunya (2.937), Comunidad Valenciana (2.522) y Madrid (1.328). En el lado opuesto se situaron Navarra (62), La Rioja (85) y Cantabria (106).
A pesar del notable repunte de los embargos sobre vivienda habitual registrado el año pasado, con 10.850 casos, la cifra sigue muy por debajo de la registrada en el 2014, cuando se contabilizaron 34.880 embargos por el impacto de la crisis financiera del 2008.
