El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont celebró que el catalán pueda enseñarse a partir del curso que viene en las Escuelas Europeas como una optativa, a la que tendrán acceso los hijos de funcionarios comunitarios, diplomáticos o personal de la OTAN que llevan a sus descendientes a esta red educativa. La Moncloa se apuntó este tanto solamente pocos días después de que se anunciara que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado un acuerdo renovado con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) que permitirá extender el uso del catalán, el gallego y el euskera a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias.
Estas dos noticias quedan lejos de la oficialidad del catalán en la UE, una de las condiciones que planteó Junts en el 2023 en el marco de las negociaciones para la Mesa del Congreso, y que el PSOE aceptó. Sin embargo, sí son pequeños pasos que demuestran el empeño del ministerio de José Manuel Albares en este sentido.
Aún no hay avances significativos en el camino del catalán para ser una lengua oficial de la UE
“La introducción del catalán en las Escuelas Europeas y el uso de las tres lenguas cooficiales de España es una señal de que se dan pasos para el reconocimiento de nuestras lenguas en las instituciones europeas”, indica el eurodiputado del PSC Javi López, que está librando esta batalla particular para que el catalán también se hable en la Eurocámara como miembro del grupo de trabajo sobre la cuestión, que se reúne periódicamente sin resultados significativos. Para que se pueda hablar en el Parlamento Europeo se requiere una mayoría de la Mesa, donde otro de los miembros es el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que se opone frontalmente. La llave ahora la tiene el grupo liberal y, desde que Ciudadanos ya no tiene representación en este hemiciclo, podría ser más fácil que Renew se subiera al barco.
Albares se marcó como prioridad en el 2025 avanzar en el uso oficial del catalán, el gallego y el vasco en la UE, y pidió al cuerpo diplomático que se pusiese las pilas. Pero el Ejecutivo español ha topado con una Europa más escorada a la derecha, y poco interesada en abrir esta caja de Pandora. Ahora mismo, la presidencia rotatoria de la UE recae en Polonia, un país gobernado por los populares. En la rueda de prensa inicial de la presidencia, la embajadora polaca ante la UE, Agnieszka Bartol, preguntada por el asunto, aseguró que “si hay voluntad” harán “lo que los estados miembros pidan”.
En enero, Albares abordó el asunto con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, a quien trasladó la “importancia de este paso”, “no solo como un reconocimiento a la identidad nacional plurilingüe de España, sino como una contribución al respeto de la diversidad que caracteriza a la UE”, según el ministerio.
De momento, han logrado que los representantes españoles se puedan expresar oralmente en una de las lenguas cooficiales en los plenos del CESE, como ocurría ya en el Consejo de la UE y en el Comité Europeo de las Regiones. En septiembre, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se convirtió en el primer ministro en casi veinte años en usar el catalán en el Consejo de la UE, en un encuentro ministerial sobre Competitividad. Los costes derivados de la traducción a las otras lenguas –así como los de los profesores de las Escuelas Europeas– corren a cargo de España, y no de la UE.
Un órgano que actúa como puente
El Ministerio de Asuntos Exteriores firmó el lunes el acuerdo que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego en las sesiones plenarias del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Forman parte de este órgano consultivo de la UE 329 representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de la sociedad civil, de los que 27 son españoles, que ahora podrán intervenir en las sesiones plenarias utilizando su lengua cooficial. Su función es emitir dictámenes –no vinculantes– sobre cuestiones comunitarias para la Comisión, el Consejo y el Parlamento, actuando como puente entre las instituciones con capacidad decisoria y los ciudadanos comunitarios.
