Todos los grupos parlamentarios excepto Vox son partidarios de regularizar al medio millón de inmigrantes que se encuentra en nuestro país sin papeles. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha encontrado un gran respaldo social y previsiblemente se aprobará antes de que acabe el 2025. A todas luces tiene más ventajas que problemas, pero también tiene riesgos que se deberían tener en cuenta para que no se convierta en una bomba de relojería.
El primero y más visible es que este sistema de legalizar a los extranjeros sin papeles no se convierta en algo habitual y recurrente. La Unión Europea es contraria a la regulación masiva de los inmigrantes que cruzan las fronteras de manera ilegal. La política migratoria tiene que basarse en vías “regulares, seguras y ordenadas”. La ley tiene que cumplirse. Por esta razón, en el borrador de la ILP se afirma que esta regularización, que podría afectar a medio millón de inmigrantes que llegaron a España antes del 31 de diciembre del 2024, es una “autorización por circunstancias excepcionales y únicas”. Es lo mismo que se argumentó en las seis regulaciones anteriores que se produjeron en España desde 1992. Gobiernos de diferentes ideologías lo han hecho, aunque fundamentalmente han sido los socialistas. La más masiva fue la de Rodríguez Zapatero, en la que se regularizó a más de medio millón. Todo parece indicar que nos estamos haciendo trampas en el solitario y que no tardando mucho se empezarán a recoger firmas para la siguiente ILP. Dado que España es el portero de Europa y que existe una ola xenófoba entre nuestros vecinos del norte, éstos se pueden sentir engañados. España se puede convertir en el coladero de Europa y esto tendría consecuencias.
Bomba de relojería
Regularizar a medio millón de inmigrantes tiene ventajas, pero cuando cambie el ciclo económico podríamos encontrarnos con una crisis de gran envergadura
La excusa empleada en esta ocasión han sido los errores cometidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el reglamento de extranjería y que es necesario subsanar. Las cosas no se hacen así. Tal vez la razón de fondo sea el “agujero” que tiene la Seguridad Social como consecuencia de la indiciación de las pensiones realizada por este Gobierno durante los años de mayor inflación. En lugar de afrontar un pacto de rentas se decidió favorecer a los jubilados por razones electorales.
La llegada masiva de inmigrantes ha hecho posible que actualmente haya tres millones de cotizantes a la Seguridad Social, casi el 14% del total. De hecho, más del 44% del nuevo empleo que se crea en España lo ocupan los inmigrantes. Son trabajos de poco valor añadido como peones, camareros, ayudantes para las personas dependientes, recolectores, empleadas del hogar, etc. Todos ellos trabajos que no quieren hacer los nativos. Habría que tener en cuenta que estos nuevos afiliados están generando derechos, y dado que las pensiones que se cobran suponen un 60% más de lo que se contribuye, se está agravando el problema del desequilibrio financiero a largo plazo.
En la medida en que la llegada de inmigrantes se está acelerando y que coincide en el tiempo con la subida del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral, se empieza a complicar también el problema del paro entre los extranjeros, con una tasa del 15,79% frente al 10,61% de los nacionales.
Cuando cambie el ciclo económico y caiga la creación de empleo podríamos encontrarnos con una crisis social y económica de gran envergadura. La marginación y pobreza podrían terminar agravando la xenofobia.
