La lucha de los dos principales sindicatos vascos, ELA y LAB, junto a otras centrales como ESK, Hiru, Etxalde o Steilas, por lograr un salario mínimo interprofesional (SMI) a nivel vasco ha chocado con el Gobierno vasco y, por tercera vez, con la patronal. El Ejecutivo de Imanol Pradales, sostenido por PNV y PSE, ha aprobado esta semana un informe desfavorable sobre la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) dirigida a mejorar el SMI a nivel de Euskadi y Navarra, de manera que ni siquiera se debatirá en el Parlamento vasco.
En paralelo, Confebask, la patronal vasca, ha insistido este miércoles en que es “jurídicamente imposible” negociar un SMI vasco. Lo ha hecho en el acto de conciliación al que había sido convocada por los sindicatos, previo al inicio de la vía judicial por parte de las centrales.
Los sindicatos mantienen su pulso con movilizaciones y vía judicial.
De hecho, la patronal vasca ha ido más allá y ha asegurado que la propuesta sindical supone “poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas” si no se vincula a cuestiones como “la reducción del absentismo laboral, la presión sobre los costes laborales y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial y regional”.
De esta manera, Confebask se niega por tercera vez a acceder a la gran reivindicación de los principales sindicatos vascos en los últimos tiempos, y, en consecuencia, las centrales se han mostrado decididas a emprender la vía judicial.
En concreto, los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por negarse a negociar, al tiempo que han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.
“Vamos a seguir trabajando porque creemos que es una medida que va a mejorar las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores vascos, porque es la manera de dar el paso en el camino de la soberanía. Tenemos que seguir interpelando y presionando a Confebask, y es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad en ello”, han señalado desde ELA y LAB.
El Gobierno vasco descarta el SMI propio por invadir competencias estatales
El tercer portazo de la patronal se ha sumado al que esta semana ha dado el Gobierno vasco a esta iniciativa. El Ejecutivo ha emitido su criterio desfavorable a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi, al considerar que la propuesta invade competencias “exclusivas del Estado” y que la mejora de los sueldos que perciben los trabajadores vascos debería abordarse “desde el diálogo social y el consenso”.
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha explicado que la postura del Ejecutivo se fundamenta en razones jurídico-constitucionales, dado que “desde el punto de vista legal, la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional es una competencia exclusiva del Estado”.
El consejero ha indicado que la ILP solicita al Parlamento Vasco que remita al Congreso de los Diputados una proposición de ley “que afecta al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, invocando el artículo 151 de la Constitución”, lo que “implica que la proposición debería formularse como una ley orgánica o, en su caso, como una ley marco de carácter ordinario que indique los principios, bases y directrices a los que debe sujetarse ese ejercicio de la competencia”.
Desde el Gobierno vasco, en todo caso, se ha aludido también a razones de oportunidad: “La economía vasca se caracteriza por una gran diversidad empresarial, desde microempresas hasta grandes compañías multinacionales que operan en mercados muy diferentes, y esta heterogeneidad exige prudencia y consenso a la hora de abordar cualquier cambio estructural”.
El Ejecutivo ha reiterado su llamamiento al “diálogo, la negociación y el consenso” y ha destacado que el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE recoge en su compromiso 61 la necesidad de promover en la Mesa de Diálogo Social que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco, siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales.
Así, la lucha de los sindicatos vascos por favorecer una mejora estructural de las condiciones salariales, su gran reivindicación en el último año, entra en una nueva fase que estará marcada por la vía legal, una vez que Confebask ha declinado entrar en la negociación, y por las movilizaciones.
