El PP registró ayer en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, su propia ley del Suelo con el objetivo de dar respuesta a la recurrente reclamación de todo el sector inmobiliario de reformar la normativa para agilizar los desarrollos urbanísticos y la construcción de vivienda. El objetivo del principal partido de la oposición es plantear su propio modelo de reforma, coincidente con el del Gobierno en algunos puntos, discrepante en otros y con algunas novedades respecto a la propuesta que pactaron PSOE y PNV y que actualmente se encuentra parada en el Congreso. Antes, en mayo, los socialistas tuvieran que retirar su primera propuesta para no perder la votación.
Uno de los puntos más importantes de la ley del Suelo que propone el PP es la derogación de “los aspectos más lesivos de la ley de Vivienda”, según anunció ayer en el Senado la vicesecretaria de desarrollo sostenible de Génova, Paloma Martín. Es decir, los populares aprovechan esta propuesta para intentar reformar la norma que se está aplicando en Catalunya y también en el municipio vasco de Errenteria, el único fuera de Catalunya que hasta ahora se ha acogido a la norma. El PP plantea, en concreto, acabar con las zonas de mercado tensionado y poner fin también al índice de precios del alquiler. La proposición de ley registrada recoge en la exposición de motivos que la ley de Vivienda, “lejos de solucionar el problema, lo ha agravado”.
La propuesta del PP también incluye una reforma de la ley de jurisdicción contencioso-administrativa para que los jueces de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas tengan herramientas suficientes a la hora de emitir sentencias en casos en los que se puedan poner frenos a la construcción de vivienda. Dicho en otras palabras, los populares han detectado, en sus conversaciones con representantes del sector inmobiliario, que los jueces no disponen de los suficientes medios a fin de valorar recursos que lo único que persiguen es que un plan de ordenación se declare disconforme a la ley. Evitar que un recurso parcial provoque un freno a todo el plan urbanístico ya había sido planteado por la ley del Suelo de PSOE y PNV, aunque su propuesta planteaba acotar las consecuencias de una anulación y que solo fuera parcial, no global.
El PP plantea crear una nueva figura, el “proyecto residencial estratégico”, una vía rápida para construir
La propuesta del PP también apela a la necesidad de agilizar la promoción de vivienda, incluida la pública, llevando el silencio administrativo positivo a los informes sectoriales, para que no se puedan paralizar las obras a la espera de los trámites burocráticos. El objetivo es que en tres meses un promotor pueda lograr los trámites necesarios. Esta cuestión, con todo, ya la planteaba la ley que se encuentra a la espera de negociaciones en la Cámara Baja. Además, los populares proponen modificar la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas con el mismo objetivo: agilizar la movilización de suelo para la construcción.
La ley del Suelo del PP es el resultado de hasta 43 reuniones con el sector inmobiliario, desde promotores hasta propietarios pasando por inquilinos, resaltó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el jueves pasado, durante un acto con los once consejeros de Vivienda de los gobiernos autonómicos de su partido celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Es fruto, pues, de más de medio año trabajando en una propuesta que ahora necesitaría el apoyo de Vox y de Junts en el Congreso –el del PNV se antoja quimérico tras el choque frontal entre Aitor Esteban y Miguel Tellado por la “devolución” o el “regalo” del palacete de París– para salir adelante, aunque Paloma Martín anunció que negociarán con todos los grupos, incluido el socialista.
El sector promotor, que ha instado durante los últimos meses a un pacto entre PSOE y PP para alumbrar una ley del Suelo, prefirió ayer no hacer una valoración de la propuesta de los populares a la espera de analizarla con detalle.
Los dos partidos coinciden en agilizar los trámites y aplicar el silencio administrativo a los informes
Sea como fuere, la dirigente popular subrayó ayer en la presentación en el Senado que su propuesta se erige en alternativa de la “fracasada” política de vivienda del Gobierno, con la creación de una nueva figura, bautizada por el PP como “proyecto residencial estratégico”, que consistirá en que, durante un periodo de excepción de 48 meses, los constructores podrán acceder a una vía administrativa más rápida que la habitual a condición de que la mitad de los pisos de las nuevas promociones estén reservados a vivienda asequible, a precio tasado.
