La propuesta de Vox de expulsiones masivas de migrantes ha agitado todavía más un discurso que lleva tiempo ganando protagonismo, el de poner límites a una inmigración que se presenta como amenaza y cúmulo de males. Discurso político ventajista que choca de frente no solo con concepciones de derechos humanos y respeto ciudadano, sino también con la realidad económica, especialmente en España. Lo podemos dejar sentado de entrada: sin los migrantes, España se para.
La corriente antiinmigración es generalizada y global. Si en su primer mandato, Trump prometió construir un muro para que no entraran los extranjeros, en el segundo, y mucho más desestabilizador, ha lanzado un busca y captura masivo de emigrantes con expulsión expeditiva y de legalidad dudosa a cárceles como las de El Salvador. Lo combina con la inauguración de Alligator Alcatraz, un centro de detención para inmigrantes en los Everglades, en Florida, con una denominación que conjuga el nombre de los que serán los guardianes de la cárcel con el de la mítica prisión donde nadie podía escapar.
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Más cerca, en Europa va calando el discurso duro de la italiana Meloni y pierde esencia el espacio Schengen justo cuando llega a su cuarenta aniversario, amputado por la progresiva recuperación de fronteras internas. Fuera de la UE, un primer ministro británico laborista, Keir Starmer, se permite frases como la de que “corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños”. Un Starmer en horas bajas que ve como avanza la resurrección de la extrema derecha de Nigel Farage, y que, por tanto, se pasa también al discurso contra la inmigración.
Hostelería y construcción son los dos sectores con más falta de mano de obra
En este terreno de endurecer la política migratoria, España se mantiene todavía como una excepción, aunque con los cimientos tocados. Abascal en España y Orriols en Catalunya van atrayendo a PP y Junts hacia posiciones extremas contra la inmigración.
En realidad, España es una excepción doble. Porque es el país europeo que mejor trata a la inmigración y también porque es la economía que más crece, y las dos magnitudes están directamente relacionadas. Sin la llegada de extranjeros no se entendería el crecimiento económico que mantiene en los últimos años muy por encima de los socios europeos, y que marca una sorpresa año tras año.
Es la subida del PIB del 3,2% el año pasado y unas previsiones del entorno del 2,4% para este. Los inmigrantes ya suponen en junio de este año el 14% de los trabajadores afiliados, suman más de tres millones y es indiscutible su protagonismo en el crecimiento económico. Desde el 2019 han aportado el 80% del aumento del PIB, y si nos centramos en el año pasado, del medio millón de puestos de trabajo creados, 200.000 lo fueron por extranjeros.
Sin los inmigrantes, España se para
“Somos tres millones”, podría exclamar este colectivo en una versión del famoso eslogan de la Generalitat de Jordi Pujol de los años 80, aunque lo cierto es que más les conviene mantener un perfil bajo y no precisamente reivindicativo de una presencia blanco habitual de críticas en una sociedad que digiere con dificultad la presencia del extranjero.
Pero venir, vendrán. Y es que son indispensables. Los ha reclamado esta semana pasada la OCDE recomendando a España que, para hacer frente al envejecimiento de la población, toca incorporar a mayores y a emigrantes. Es el aumento de la población extranjera el que ha permitido reducir el tensionamiento del mercado laboral. Solo hay que ver como en hostelería y construcción, dos sectores con más falta de mano de obra, es donde más ha aumentado la afiliación de los extranjeros.
Bajemos al detalle. En la construcción, sin los inmigrantes, no se moverían los ladrillos. Es un sector en alza ahora mismo por la necesidad de construir viviendas, y que, consecuentemente, en el primer trimestre del año ha registrado un alza importante en la inversión. Nada menos que un 26% del empleo en la construcción lo ocupan inmigrantes, según los datos de BBVA Research, que muestran también como la falta de mano de obra es el principal freno de esta actividad y como la extranjera es la que rescata al sector. Y la distribución de tareas es clara. Son extranjeros el 39% de los albañiles y el 49% de los peones. En electricistas solo el 15% y entre los ingenieros u supervisores, la presencia es mucho más reducida.
Datos contra percepciones y en la inmigración, las percepciones pesan mucho
El sindicalista Unai Sordo avisa que “va a venir más gente a España, se ponga como se ponga la extrema derecha… o se nos para el país… el debate no es inmigración sí o no, sino inmigración cómo”. Se podrá aducir que es la voz de los sindicatos. Pero, si vamos a otro ángulo del espectro económico, como el Banco de España, el diagnóstico es similar. En uno de sus trabajos recientes, destaca su aportación al PIB per cápita Y el BCE subraya como los flujos migratorios han permitido elevar significativamente el crecimiento de la economía española y mitigar el envejecimiento de la población.
Estos son los datos, pero otra cosa son las percepciones. Y en la emigración, las percepciones pesan mucho. La idea de que los emigrantes quitan a los autóctonos los puestos de trabajo, que saturan los servicios asistenciales, que se llevan las subvenciones, y también que su llegada agrava la crisis de la vivienda brota fértil en un terreno políticamente muy abonado.
Percepciones que calan, es lo de los malditos inmigrantes. En septiembre pasado, sorprendió el barómetro del CIS cuando colocó a la inmigración como la principal preocupación de los españoles. Había pasado del noveno al primer puesto en solo un verano, coincidiendo con los mayores decibelios del debate público sobre la distribución de menores inmigrantes entre autonomías y como siempre, con algunas imágenes dramáticas de llegadas en pateras. Fue una sorpresa, pero también una aparición puntual. En las siguientes encuestas del CIS esta preocupación ha retrocedido posiciones, dejando como primer problema a la vivienda, y en el último sondeo, la inmigración ha pasado a tercera preocupación adelantada también por la corrupción. Si ahora se reaviva el debate público sobre los inmigrantes, con propuestas como la de Vox, es probable que vuelva a escalar como gran preocupación pública.
En cualquier caso, los datos desmientan que la inmigración sea uno de los grandes problemas. Una muestra. Un informe de Fedea de la investigadora Raquel Carrasco, niega cualquier justificación al alarmismo detectado por el CIS asociado a la inmigración. Señala que no afecta significativamente a las oportunidades de empleo y de salarios de los trabajadores nativos, que su uso del Sistema Nacional de Salud es similar a los nativos en los mismos grupos de edad, y que la tasa general de delincuencia no ha aumentado sustancialmente con la inmigración.
En este terreno, añade una precisión interesante. Es cierto que la tasa de condenas entre los inmigrantes es mayor que entre los nativos, pero la razón para que esto ocurra es que, al ser una parte significativa de los emigrantes hombres jóvenes con bajo nivel educativo, es un grupo demográfico que tiende a tener tasas de delincuencia más altas, independientemente de la nacionalidad.
Son datos contra percepciones, evidencia empírica fría contra sensación epidérmica en caliente. Malditos inmigrantes.
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Mal arranque de la negociación sobre la cotización de los autónomos
Este lunes está convocada la mesa de diálogo social para arrancar la negociación sobre la cotización por ingresos reales de los autónomos a partir del 2026. La primera fase del cambio de sistema se aprobó con el consenso de todas las organizaciones que representan a los autónomos (ATA, vinculada a CEOE, UPTA, a UGT, y UATAE, a CC. OO.) y se está aplicando desde el 2023. Sin embargo, ahora toca renovarlo y el inicio no es precisamente prometedor, porque ATA ha anunciado que no asistirá a las reuniones mientras no se arreglen los errores cometidos en la regularización de cotizaciones sociales del 2023. Mal arranque.
La hora de la verdad para el despido improcedente
Se espera con gran interés que este miércoles el Tribunal Supremo dictamine la doctrina definitiva sobre la indemnización por despido improcedente. Después de que el Consejo de Europa haya advertido por dos veces, a petición de UGT y CC.OO., que España incumple la Carta Social Europea con su reglamentación, ahora el Supremo determinará la interpretación que darán los jueces españoles a estas resoluciones. Si se mantiene, como indica la legislación actual, que la indemnización máxima son los 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, o si puede haber compensaciones superiores según los casos, como reclama el Consejo de Europa.
