El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50%, ha reavivado el debate político y social sobre la crisis de la vivienda en España. Tras 70 años pagando un alquiler de renta antigua de unos 500 euros en Retiro, uno de los mejores barrios de Madrid, fue desalojada en el cuarto intento de lanzamiento. Su caso se suma a los 45 desahucios que, de media, se producen cada día en España, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La diferencia en esta ocasión es que la izquierda radical ha convertido el caso en bandera política, coincidiendo con la aprobación del decreto ley antidesahucios. Esta iniciativa presiona al Gobierno de coalición, que hasta ahora no ha logrado el respaldo parlamentario necesario para sacarla adelante. La oposición conservadora sostiene que los socialistas la utilizan para desviar la atención de asuntos como Ceuta o los casos de corrupción que les afectan.
Algunos propietarios piensan que se ha roto el equilibrio entre caseros e inquilinos
El problema económico radica en las posibles consecuencias para la inversión inmobiliaria y la oferta de pisos en alquiler. Desde el 2020, más de 200.000 viviendas se han retirado del mercado del alquiler, con una tendencia creciente desde la aprobación de la ley de Vivienda en el 2023. A ello se suman 3,8 millones de viviendas vacías, el 14,4% del parque total, que no se alquilan por diversas razones. Entre ellas figura la percepción de algunos propietarios de que se ha roto el equilibrio entre caseros e inquilinos, lo que los lleva a preferir la venta o el alquiler turístico.
Estas circunstancias explican, entre otros factores, que las viviendas en alquiler representen en España el 20,4% del total, frente al 30,8% de la Unión Europea (UE). La inversión en construcción tampoco atraviesa su mejor momento: desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se construye muy por debajo de una demanda estimada en 250.000 viviendas anuales. La vivienda social tampoco ha servido para afrontar el problema, pues en España supone el 2,5% del parque total, frente al 8% de la media europea.
La reducción de la oferta contrasta con el fuerte aumento de la demanda. En los últimos ocho años, la población española ha crecido en cerca de cuatro millones de personas por la llegada masiva de inmigrantes, que se han encontrado con una escasez de viviendas a precios asequibles. En ese periodo de gobierno de izquierdas, el problema de la vivienda no solo no ha mejorado, sino que se ha convertido en la principal preocupación social, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por el socialista Félix Tezanos.
Quizá la solución sea confiar en el mercado y que Gobierno y oposición acuerden un marco legal y fiscal atractivo para reactivar la inversión en vivienda destinada al alquiler y recuperar las rentas como complemento de las pensiones de millones de pequeños ahorradores.
