El aumento en la llegada de pateras a Balares que se está experimentando este año –han entrado irregularmente por esta vía un 75% de personas más en lo que llevamos de 2025 con respecto a 2024– llevó ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a Argelia, de cuyas costas parten las embarcaciones que ponen rumbo a las islas.
Tras reunirse con su homólogo en la primera visita de un miembro del Gobierno español tras el desencuentro entre los dos países por el Sáhara, Interior informó de un acuerdo para luchar contra las redes criminales que trafican con seres humanos mediante el impulso de nuevas medidas para “limitar” el uso de lanchas rápidas y la “actualización” del protocolo de retornos, un tema tabú en los países africanos, que suelen obstaculizar la devolución de sus nacionales, puesto que el envío de remesas –dinero desde suelo europeo– supone el sustento de infinidad de familias.
Los acuerdos millonarios de la Unión Europa con Túnez, Marruecos y Mauritania para frenar la inmigración irregular –con intención de externalizar fronteras– están teniendo sus efectos colaterales en países vecinos, en los que se están ensanchando las rutas migratorias. El claro ejemplo es Argelia, donde, según sus autoridades, se interceptaron el año pasado embarcaciones con 30.000 personas a bordo.
El ministro argelino asegura que su país “no usa la inmigración como chantaje político” a diferencia de Rabat
En el Gobierno central, según fuentes ministeriales, rechazan que Argel esté utilizando la inmigración como arma de presión política por el giro de España con respecto al Sáhara Occidental. Una tesis que defendió ayer también el ministro del Interior de Argelia, Saïd Sayoud, quien informó de que la policía argelina ha impedido que 100.000 inmigrantes lleguen al norte de África –a través de su frontera sur– o a Europa –por sus costas–. “Argelia no utiliza la carta de la migración irregular como chantaje político, a diferencia de otras partes”, en clara alusión a Marruecos, defendió el ministro argelino.
Marlaska, que reconoció la condición de Argelia como “socio clave”, anunció el compromiso de relanzar el acuerdo de retorno de 2002. “Una comisión mixta técnica analizará si es necesario su actualización para ser más efectivo”. Pese a que Sayoud reiteró que Argelia no utiliza la inmigración con fines políticos, lo cierto es que Argel bloqueó las expulsiones de sus nacionales desde España cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oficializó la nueva etapa con Marruecos tras meses de crisis diplomática. Además, desde que el pasado año Francia reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Argelia se niega a aceptar a deportados nacionales desde territorio francés. En Interior consideraron ayer que el propio anuncio de esa reunión técnica para renovar el protocolo es “un avance significativo, que muestra la buena voluntad” para abordar una cuestión “de mucho interés para España”.
De la reunión también salió el compromiso de “intensificar” el intercambio de información contra el crimen organizado
El ministro del Interior, en su cuarta visita a Argelia desde 2018, también puso el acento en cómo estas redes criminales están incrementando su vinculación con el narcotráfico. El pasado verano, la Guardia Civil desmanteló una organización con vínculos con la droga que había invertido más de un millón de euros en la construcción de lanchas rápidas para cruzar la ruta argelina en poco más de cuatro horas, cobrando a cada persona 7.000 euros. De ahí que de la reunión también saliese el compromiso de “intensificar” el intercambio de información de los servicios de seguridad encargados de investigar el crimen organizado, además de compartir protocolos de trabajo e impulsar la detección de documentación falsa, otro de los grandes retos para agilizar las devoluciones.
El ministro del Interior también se reunió con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune y el titular de Defensa.
