Marruecos ha desarrollado finalmente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, tal y como reclamaba la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ofreciendo a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI, un plan que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.
Así consta en el documento de 40 páginas, según Europa Press, que han elaborado tres consejeros reales –el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman (embajador en España entre el 2004 y el 2010) y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de confianza del monarca, cuyo contenido han adelantado esta semana medios marroquíes como ‘Yabiladi’ y ‘Le Desk’ y el español ‘Atalayar’, muy próximo a Rabat.
La publicación de algunos detalles de la oferta que ha puesto sobre la mesa el reino alauí se ha producido tras la reunión celebrada el 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid. La cita reunió a los jefes de la diplomacia de Marruecos y el Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y el enviado para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.
Según expertos, la propuesta planteada por Marruecos podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho, pero el reino alauí está muy lejos de serlo. En el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann Marruecos se queda en un 3 en Estado de derecho, un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Según los principales puntos de la propuesta marroquí, el Estado seguirá preservando las competencias relativas a defensa nacional y seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de la soberanía, mientras que el gobierno regional tendría competencias en lo relativo al uso del territorio, la planificación urbana, el desarrollo turístico e industrial, la gestión pesquera y políticas sociales como la salud o la educación, entre otros, pudiendo emitir normas en estas materias.
Las competencias
El Estado se reserva seguridad y defensa
Asimismo, se prevé una cláusula de subsidiariedad, en virtud de la cual toda competencia no asignada explícitamente a la región seguirá siendo nacional salvo que se acuerde lo contrario, y también una cláusula de salvaguarda constitucional que permite la suspensión de determinadas competencias regionales de manera excepcional y temporal si se considera que se está produciendo un daño grave al orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones.
El presidente del Gobierno regional será investido formalmente por el rey Mohamed VI “con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado”, explica ‘Atalayar’, mientras que ‘Le Desk’ esgrime que puesto que el monarca es quien nombra al primer ministro en Marruecos “aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa”. Además, será el representante del Estado en la región.
Por último, está previsto la constitución de una asamblea regional unicameral, con una parte de representantes elegidos por sufragio universal directo -quienes también formarán parte del Parlamento nacional- y otra parte designada por las tribus saharauis reconocidas, mediante un sistema establecido mediante ley orgánica. Además, está prevista una cuota de representación femenina. Este parlamento tendrá pleno poder legislativo en las materias de su competencia.
Los refugiados
Cerca de 200.000 siguen en Tinduf (Argelia)
Otro de los aspectos claves de la propuesta marroquí es el relativo al regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), unos 173.000 según las estimaciones de organismos humanitarios. Así, está previsto un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, si bien los criterios específicos deberán ser fijados en una negociación posterior.
Además, está incluido un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, del que deberían quedar fuera quienes hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Pero para que todo esto pueda aplicarse antes que nada el estatuto de autonomía deberá ser sometido a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental, como ha venido reivindicando tradicionalmente el Polisario y para lo que se creó precisamente la misión de la ONU, la Minurso.
De aprobarse en referéndum, algo que se da por garantizado, el texto pasaría a integrarse en la Constitución marroquí mediante un título específico y cualquier revisión quedaría sujeta a su validación por mayoría cualificada en el parlamento regional y en el nacional, y a un nuevo referéndum.
Además, está incluida una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. “La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia sino como una solución definitiva”, subraya en este sentido ‘Le Desk’.
El futuro
Marruecos no quiere tutelas externas
Por último, los expertos llaman la atención sobre el punto en que se señala que el reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente. Esto quiere decir que Marruecos no acepta que pueda haber algún tipo de supervisión internacional en el tiempo para ver que se cumple lo pactado. De aprobarse el estatuto, el Sáhara Occidental pasaría a ser una cuestión de derecho nacional y la comunidad internacional ya no tendría ningún papel que jugar en la antigua colonia española.
