El flamante nombramiento de Ángel Simón como nuevo presidente de Indra, empresa que protagoniza el último gran culebrón económico por su carácter estratégico y de firma tecnológica destinada a ser el gran campeón nacional español en el sector de la Defensa, permite una reflexión sobre el papel de algunos catalanes en la economía española. Es una parte del debate, siempre presente, sobre el peso de la economía catalana, creciente o en retroceso, en la española.
La elección de Simón por la sociedad pública SEPI, propietaria del 28% de Indra, tiene lectura política directa; en este caso la relación de Salvador Illa y el PSC con Pedro Sánchez. Hay quien objeta esa deriva política, aunque es cierto que no hay empresa del Ibex en la que un accionista con ese porcentaje accionarial no nombre a su presidente. Y haga bastantes cosas más. Asimismo, el resto de accionistas relevantes presentes en el consejo también votaron a favor: Sapa, de los vascos Aperribay; Amber, del financiero Joseph Oughourlian, presidente de PRISA y hombre no especialmente afín al gobierno; y la sociedad EM&E de Ángel Escribano, el presidente saliente. De momento, Simón es presidente no ejecutivo, aunque habrá que ver cómo evoluciona la relación con el consejero delegado , Vicente de los Mozos, ayusista y presidente de Ifema.
El cambio en Indra eleva a diez el número de presidentes catalanes de empresas del Ibex, algunos también no ejecutivos: Tomàs Muniesa (Caixabank); Antoni Llardén (Enagas); Antoni Brufau (Repsol); Marc Murtra (Telefónica); Josep Oliu (Banco Sabadell); Joan José Brugera (Colonial); Eloi Planes (Fluidra); Maurici Lucena (Aena); y Marc Puig (Puig Brands). A esta lista habría añadir los casos de Francisco Reynés, mallorquín, que preside Naturgy, pero cuyo accionista mayoritario es La Caixa de Isidro Fainé, a través de Criteria, el holding catalán y primer inversor empresarial español; y Anne-Catherine Berner, la suiza finlandesa que preside Grifols, controlada también por la familia catalana del mismo nombre. Por encima del tercio las grandes de la bolsa española. A futuro también está sobre la mesa que una de ellas, Puig, en plena operación accionarial, puede perder su actual sede en Barcelona
En cuatro casos –Telefónica, Indra, Enagas, Aena–, el Gobierno ha desempeñado una función clave en la elección del presidente. En el de la gestora gasista, hace ya mucho tiempo, y Llardén se ha consolidado como un gestor que ha operado bajo gobiernos de distinto signo. En el de la operadora de telecomunicaciones, además de la SEPI, votaron a favor de su nombramiento los otros accionistas destacados, La Caixa y el BBVA, y en la junta contó con respaldo aplastante.
En otro frente, el Instituto de la empresa familiar (IEF), un catalán, el ya mencionado Eloi Planes, ha asumido la presidencia tras tres mandatos consecutivos en manos de empresarios de otras comunidades. Tradicional es también la presidencia de la Cámara de España, que ostenta desde el año 2014, cuando gobernaba el PP, José Luis Bonet.
Más discreta es la presencia de catalanes en el equipo económico del gobierno de Pedro Sánchez. Limitada a Jordi Hereu, ministro de Industria, cartera que la tradición política tiende a adjudicar a esta comunidad autónoma, pero que parece diseñada para impedir el acceso a otras de más calibre, como las de Economía o Hacienda.
El corolario es la nutrida presencia de catalanes en los consejos de administración de entes reguladores y empresas públicas, que en algunos casos por ese mismo carácter no cotizan en los mercados bursátiles. Se trata de la CNMC, que regula los mercados energéticos y la competencia; la CNMV, que controla la transparencia de las bolsas; y el Banco de España, que supervisa el sector financiero. También las operadoras del gas (Enagas); ferrocarriles (Renfe); aeroportuaria (Aena); la red eléctrica (Redeia). Una docena larga de personas en sus consejos reflejan la correlación de fuerzas en el Parlamento español, pues han sido propuestas por los grupos nacionalistas catalanes que han dado su apoyo parlamentario a Sánchez: Junts y ERC.
Un teniente general y un coronel en Foment
El máximo responsable público de diseñar la política industrial de Defensa española no es un civil, sino un militar. Se trata del teniente general Miguel Ivorra, que desde septiembre del 2024 es director general de estrategia e innovación de la industria de defensa (Digeid), integrado en el ministerio de Defensa, que pilota Margarita Robles. Uno de los objetivos de Ivorra es detectar, como un radar, tecnologías avanzadas empleadas ya por la industria civil.
Por ese motivo, el general Ivorra, acompañado del coronel Jaime Ignacio Caro, delegado de Defensa en Catalunya, se reunió esta pasada semana en la sede de la patronal Foment con el presidente de esta última, Josep Sánchez Llibre y un grupo de empresas industriales catalanas interesadas en conseguir contratos vinculados a la industria militar. Entre ellas, Ficosa, la auxiliar del automóvil, controlada por la familia de Josep Maria y Xavier Pujol, que está negociando acuerdos con empresas fabricantes de armamento. En el mismo encuentro también estuvieron presentes representantes de Grifols, líder mundial en la producción de plasma, una de las materias en las que Europa busca alcanzar autonomía estratégica. Además de la reunión en la barcelonesa Via Laeitana, los ejecutivos de Defensa visitaron la sede de alguna empresa fabricante de productos susceptibles de empleo militar. Este fue el caso de Sateliot, primer operador de telecomunicaciones por satélite del mundo especializado en internet de las cosas bajo el protocolo 5G.
Además, Ivorra participó en u un curso de formación para empresas de Aeros, ecosistema aeronáutico, de empresas de espacio y defensa de Cataluña. Y también estuvo presente en una jornada organizada por Acció, la agencia de la Generalitat.
Món Bosch y Víctor Francos también se apuntan a defensa
La fiebre del oro de la defensa es el principal vector de interés del sector privado en España y en el mundo. Con la ventaja de que se trata de una apuesta segura, al contar con un ciclópeo compromiso de gasto de los Estados.
Món Bosch, exdirigente de Sociedad Civil Catalana y su socio en actividades de producción audiovisual, Sergio Palomino, han constituido, junto con varios inversores, la sociedad The Grey, consultora pionera en seguridad y defensa. Ambos han colaborado con Pablo Casado, el defenestrado líder del PP, en su fondo Hyperion, de inversión en defensa, en el que participaron Indra, Prosegur, Sapa y Fond-ICO. Bosch es el presidente de The Grey y la dirección general está en manos de Diego Mazón, ex jefe de gabinete de Pedro Morenés, ministro de Defensa de Mariano Rajoy.
La empresa cuenta con delegaciones en Madrid; Bruselas, de la mano del exdiputado Jordi Cañas, el aguerrido de Ciudadanos en el Parlament y en el Parlamento europeo; y Barcelona, que dirige Víctor Francos. Este, persona de confianza de Miquel Iceta, antiguo hombre fuerte del PSC y Ministro de Administraciones Públicas, primero y de Cultura, después, ocupó en esta última fase la secretaría de Estado de Deportes y la presidencia del Consejo Superior de Deportes, periodo en el que le tocó gestionar la crisis del caso Jenifer Hermoso. Además, The Grey cuenta con un consejo asesor en el que participan Jordi Alberich, especializado en fusiones y adquisiciones y ex director general del Cercle d’Economia y Marta Plana, ex directiva del FC Barcelona.
