Trece años después de que el Govern de la Generalitat decidiera concesionar la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), los máximos responsables de entonces, Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder, exconseller de Economía el primero y de Territori i Sostenibilitat el segundo, han salido a la palestra para defender una operación que acabó en los tribunales y cuyas consecuencias económicas todavía se arrastran. “No nos quedó otra”. Este bien podría ser el resumen de la comparecencia de ambos mandatarios ante la comisión de Territori en el Parlament este miércoles, donde ambos han justificado la fallida operación por la grave situación financiera por la que atravesaba la Generalitat en 2012, en un contexto de crisis global.
“Debíamos disponer de liquidez como fuera. Nuestras fuentes habían disminuido o eran inexistentes y teníamos que pagar las nóminas de los funcionarios. En una administración pública que no tiene control sobre la emisión de moneda, la única manera de generar liquidez es a través del patrimonio público. Y ATLL era una pieza de 300 millones de euros de liquidez en 2012”, ha relatado Mas-Colell quien, para hacer memoria, ha echado mano durante su comparecencia ante la comisión del libro Turbulències i tribulacions; els anys de les retallades, que coescribió en 2018 junto a su equipo más directo, Albert Carreras e Ivan Planas. “Tuvimos que hacer un esfuerzo titánico para salvar una nave que hacía aguas por todos lados”, ha añadido Recoder.
La fallida privatización de ATLL ha suscitado la creación de una comisión 13 años después, al darse a conocer que la Generalitat todavía está negociando pagos de compensación a Acciona, la empresa que ganó la licitación que posteriormente fue revertida y que aún hoy sigue en los tribunales. En mayo del año pasado, el Govern de Pere Aragonès ya pagó 365 millones y quedaron pendientes otros 12 millones más, a los que se deben sumar otros 120 millones, que sería el montante que se está ultimando y que ya avanzó La Vanguardia. En total, unos 500 millones que el proceso habrá costado a las arcas catalanas.
“Todavía no sabemos si serán 500 millones o serán menos. Intuyo que será lo adecuado para cerrar este tema. El Govern no es un trilero y no se dedica a vender algo para después quitarlo. Las inversiones que se hicieron –en referencia a lo que invirtió Acciona en ATLL durante el año y medio que tuvo su gestión- también se tenían que pagar”, ha analizado el exconseller de Economía de Artur Mas. Recoder, por su parte, ha explicado que la situación de infrafinanciación de Catalunya “lleva a tomar decisiones difíciles o incómodas” y ha recordado que durante aquellos años también se paralizaron obras como la L9 del metro o la prolongación de la línea de los ferrocarriles catalanes a Terrassa y Sabadell. “No teníamos dinero”, ha concluido.
La comisión ha derivado en un debate sobre la concesión de los servicios públicos
Al margen de los números y de las consecuencias económicas que el fallido proceso de concesión de Aigües Ter Llobregat ha supuesto para las arcas de la Generalitat, la comisión de este miércoles ha servido para debatir si un servicio público como es el suministro de agua debe ser objeto de privatización o no. Un aspecto que ha dividido a derechas e izquierdas por igual. Pero todos han coincidido que lo sucedido con el proceso debe servir de “lección” para presentes y futuros gobiernos.
