El acuerdo alcanzado entre Muface, el organismo público encargado de gestionar la asistencia sanitaria y social de los funcionarios civiles del Estado, y las aseguradoras Adeslas y Asisa, ha puesto en pie de guerra a los médicos que ejercen exclusivamente en la sanidad privada y que mayoritariamente trabajan para las aseguradoras. Porque las negociaciones entre el Gobierno y las compañías se han llevado a cabo sin la participación ni la consulta a unos facultativos que, en la mayoría de los casos, trabajan como falsos autónomos. Ejercen con dependencia y bajo la dirección de una empresa, sin tener los derechos laborales que le corresponderían. En esta situación hay unos 7.500 médicos.
Este es uno de los temas que ha puesto encima de la mesa Unipromel, Unión Médica Profesional, presidida por Ignacio Guerrero, en una jornada en el Colegio de Médicos de Madrid, que acaba de constituir una mesa de trabajo de médicos privados. Según Guerrero, la situación de los facultativos que ejercen “exclusivamente” en el sector sanitario privado (unos 25.000; el otro 25.000 son médicos que trabajan simultáneamente en la pública y la privada), es cada vez peor.
¿Permite Muface, que es del Gobierno, que las empresas que prestan servicios a los funcionarios incumplan los derechos laborales?”, pregunta Guerrero
“No dejan de aumentar los falsos autónomos, alcanzando ya la cifra de unos 7.500. Son profesionales que ejercen para estas corporaciones sin contratos, sin derechos, sin capacidad de negociar nada”, indican. Ante esta situación, los servicios jurídicos de Unipromel están estudiando acudir a la Audiencia Nacional a denunciar la situación de estos 7.500 facultativos, siguiendo los pasos que llevó a los llamados riders (repartidores de plataformas de entrega) a demandar a las empresas que los emplean, como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, sobre la naturaleza de su relación laboral.
“¿Permite Muface, que es del Gobierno, que las empresas que prestan servicios a los funcionarios incumplan los derechos laborales?”, pregunta Guerrero.
No es la única acción que Unipromel quiero llevar a cabo para “acabar” con el “ninguneo” de las aseguradoras, a las que piden sentarse a negociar nuevos baremos. Porque, indican sus responsables, no es de recibo que el Estado aumente un 41% las primas a las aseguradoras, y a los médicos, que son los que ejecutan el trabajo, el que cuida al paciente, apenas le aumenten 1 euro o 2.
Guerrero, así como médicos presentes en estas jornadas, aseguran que actualmente la primera consulta de un médico de familia se sitúa en menos de 10 euros y la de un especialista en 21 euros (en la segunda visita se reduce la tarifa y la tercera no se paga si se produce antes de los 60 días). A estas cantidades hay que descontar el pago a los hospitales en los que trabajan las aseguradoras en concepto de agua, luz y aire acondicionado… “Es un vergüenza”, claman.
¿Qué van a hacer? Si el 1 de enero próximo no han conseguido reunirse con las compañías sanitarias para negociar los baremos, los médicos empezarán a cobrar a los pacientes en las consultas, redirigiendo a éstos a las aseguradoras para que les faciliten el reembolso del servicio.
