Independientemente del horizonte de la actual crisis internacional relacionada con Oriente Medio y de sus posibles repercusiones económicas, el contexto global ha vuelto a introducir incertidumbre en la evolución de los precios. Tras un periodo en el que parecía que la inflación estaba relativamente contenida, los acontecimientos recientes han vuelto a tensionar las expectativas.
Más allá de la coyuntura inmediata, conviene recordar un dato que suele pasar desapercibido: desde el 2020, España acumula una inflación superior al 20%. En pocos años, el coste de la vida se ha incrementado notablemente, afectando directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos.
Las tarifas del IRPF estatales y de Catalunya no se revisan desde el 2007
En este contexto, sorprende que las tarifas del IRPF a escala estatal no se actualicen desde el 2007 y que las tarifas autonómicas de Catalunya tampoco se hayan revisado durante todo este periodo. Esta falta de actualización produce un fenómeno conocido: la presión fiscal en frío. Cuando las retribuciones aumentan para compensar la inflación, pero los tramos del impuesto permanecen inalterados, muchos contribuyentes terminan tributando en escalones superiores pese a que su poder adquisitivo real no mejora. Los ingresos nominales son mayores, pero la capacidad de compra no; lo que crece es la carga fiscal efectiva.
Este fenómeno ayuda a explicar, en parte, los elevados niveles de recaudación que están registrando las administraciones públicas. De hecho, los ingresos tributarios estatales han aumentado en torno a un 50% en los últimos cinco años.
En este escenario, resulta llamativo que no se haya impulsado una medida relativamente sencilla: la deflactación de las tarifas del IRPF, estatal y autonómica.
A ello se añade una circunstancia institucional poco habitual: los últimos presupuestos aprobados, tanto a escala estatal como en Catalunya, corresponden al 2023. Sería positivo aprobar nuevas cuentas públicas, pero su ausencia no debería impedir adoptar determinadas medidas. El ordenamiento jurídico permite introducir ajustes fiscales mediante instrumentos como los reales decretos leyes o los decretos autonómicos. Un buen ejemplo es el paquete de medidas en materia de fiscalidad energética y de combustibles aprobado recientemente.
Paralelamente, otro gran reto económico y social es el acceso a la vivienda. Factores como el remarcable crecimiento de la población y la escasa actividad constructora han provocado que en determinadas zonas resulte cada vez más difícil acceder a una vivienda.
Por ello, cada vez es más frecuente que las familias ayuden económicamente a sus miembros para afrontar la entrada en la compra o el alquiler. En Catalunya, aunque se han introducido algunas mejoras en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, todavía existe margen para facilitar estas transmisiones familiares.
Más allá del debate sobre la conveniencia o no de este impuesto, permitir que los familiares puedan ayudar con menor carga fiscal puede aliviar una situación que para muchos jóvenes resulta cada vez más complicada.
En definitiva, abordar estas cuestiones exige voluntad política y, sobre todo, recordar que el ordenamiento jurídico dispone de instrumentos suficientes para introducir ajustes razonables que permitan mitigar algunos de estos efectos mientras se abordan reformas de mayor alcance.
