El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aprobó este martes un nuevo paquete de medidas de seguridad diseñado para frenar la creciente ola de protestas violentas que sacude el país. Tras una serie de graves incidentes en el fin de semana, el Ejecutivo ha optado por endurecer las penas e introducir la prisión preventiva para los menores de edad. Además, se instauró un nuevo delito de “participación violenta en una manifestación”.
“Manifestarse es un derecho, pero saquear nuestras ciudades no lo es”, afirmó Meloni a través de un vídeo en X. El foco de esta crisis se sitúa en Milán, escenario reciente de saqueos e incendios por parte de los activistas ultras. En respuesta directa, se desplegarán 500 efectivos militares adicionales en la ciudad lombarda, que patrullarán hasta finales de año. Sin embargo, debido a la firme oposición del presidente de la República, el moderado Sergio Mattarella, los soldados no dispondrán de poderes policiales.
La mandataria culpó a los extranjeros de los disturbios, subrayando que la mitad de las 330 personas arrestadas hasta la fecha nacieron fuera de Italia o son hijos de padres inmigrantes. Como castigo, el Gobierno impondrá multas económicas a los padres de los menores implicados para sufragar los destrozos ocasionados. “Haremos todo lo que podamos para evitar que lo que hemos visto se convierta en la normalidad”, advirtió Meloni, tras un balance de unos 200 agentes de policía heridos y daños materiales que rondan el millón de euros.
Esta decisión se produce mientras Milán prevé nuevas protestas. Los disturbios han obligado a varias marcas de lujo a cerrar sus tiendas y reforzar la seguridad ante el temor a más pillaje. La tensión social, sin embargo, se extiende por toda Italia; Roma registra manifestaciones sindicales por la inflación, y en el sur, camioneros y agricultores bloquean carreteras por la subida del combustible. A estas marchas por el coste de la vida se han sumado también estudiantes de secundaria y universitarios.
La estrategia de mano dura de Meloni ensancha los márgenes del polémico decreto de seguridad aprobado este año, que ampliaba los poderes policiales, permitiendo retener a manifestantes hasta 12 horas sin presentar cargos y facilitando a los agentes la alegación de legítima defensa.
