En Montorio nei Frentani, una localidad de la región de Molise, en el 2023 nació solo un niño, pero el registro civil estaba desbordado por la avalancha de expedientes que se acumulaban. El municipio tiene 360 habitantes, pero cada año recibe decenas y decenas de solicitudes de personas con orígenes italianos en Brasil que piden obtener un pasaporte. Los inscritos en el registro de italianos en el extranjero de este pequeño municipio son ya casi mil, y el alcalde ha pedido ayuda a Roma.
El ejemplo de este pueblo del centro de Italia no es aislado. Durante décadas, en Italia, la sangre ha valido más que el suelo. Casi 200.000 solicitantes adquieren la nacionalidad italiana cada año sin hacer nada más que esperar a que algún funcionario tramite el expediente. Basta con conseguir un documento que demuestre tener un pariente de origen italiano, sin ningún límite generacional, y el pasaporte está garantizado. Un documento que permite entrar en 192 países del mundo sin necesidad de visado.
Las cifras han crecido de forma exponencial en los últimos años. En Argentina, por ejemplo, los reconocimientos pasaron de unos 20.000 en el 2023 a 30.000 en el 2024.
Mientras tanto, los hijos de inmigrantes nacidos en Italia deben esperar hasta los 18 años para iniciar un largo proceso para lograr la ciudadanía. El ius sanguinis (del latín, derecho de sangre) ha prevalecido así sobre el ius soli (derecho del suelo).
El Gobierno de Giorgia Meloni ha decidido poner freno a esta tendencia, con una ley aprobada el pasado martes. El texto establece que los descendientes nacidos en el extranjero solo serán automáticamente ciudadanos italianos durante dos generaciones; es decir, únicamente si tienen un padre o un abuelo nacidos en Italia. Además, esos ascendientes deben haber tenido exclusivamente la ciudadanía italiana, o haber residido en el país de forma continua durante al menos dos años antes del nacimiento del descendiente.
Las solicitudes desde Sudamérica colapsaron los consulados entre abusos y demoras
La ley ha provocado gran alarma entre las comunidades de inmigrantes, a lo que el Gobierno ha respondido afirmando que quienes ya hayan obtenido la nacionalidad la conservarán.
Con esta medida, el Gobierno intenta por un lado frenar una normativa que había saturado ayuntamientos, tribunales y consulados, y, por otro, poner fin a una serie de abusos y anomalías. En Brasil y Argentina, los dos países con más oriundos italianos, acceder al pasaporte puede tardar más de diez años, una situación que ha favorecido la proliferación de agencias privadas que, a cambio de cifras altísimas (hasta 10.000 euros por expediente), permiten saltarse la cola.
Son muchos los motivos que han llevado al Gobierno a endurecer los criterios. El primero es la saturación del Ministerio de Exteriores, cuyos funcionarios son insuficientes para tramitar todas las solicitudes. El otro es la presión informal de algunos países europeos, que critican el uso instrumental del pasaporte italiano por personas que luego se trasladan no a Italia, sino a otros países de la UE, como España o Portugal.
En Barcelona, de los 45.000 italianos censados en la ciudad, se calcula que entre un tercio y la mitad son argentinos.
Otro problema provocado por esta oleada de “nuevos italianos” es la distorsión de los procesos electorales. Desde el municipio de Recanati, en la región de Las Marcas, en cada elección se envía una papeleta al votante “Lionel Messi”, que, en nombre de Angelo, un pariente que emigró a Argentina en 1866, está inscrito en el mismo registro exterior.
En Barcelona, de los 45.000 italianos censados en la ciudad, casi la mitad son argentinos
“Esta ley pone orden pero no levanta muros”, explica a La Vanguardia el diputado de Forza Italia Paolo Emilio Russo. “Quien elige Italia, quien quiere vivir y trabajar aquí, tiene las puertas abiertas. Quien busca atajos, no los encontrará”. Meloni dudó durante semanas. La defensa de los italianos en el extranjero ha sido una bandera histórica del Movimiento Social Italiano, del que proviene, y la ley ahora derogada llevaba el nombre de un histórico dirigente posfascista, Mirko Tremaglia. Pero esta reforma da argumentos a quienes, como la primera ministra, no tienen ninguna intención de reformar las reglas sobre la ciudadanía para los inmigrantes y sus hijos.
La ocasión para un cambio existirá: el 8 y el 9 de junio, los italianos acudirán a las urnas para un referéndum que propone reducir de diez a cinco años el periodo de residencia necesario para que los extranjeros extracomunitarios puedan solicitar la ciudadanía italiana. Para que el referéndum sea válido, deberá votar al menos el 50% del electorado. La derecha ya tiene una consigna para impedirlo: “Que los italianos vayan a la playa y no a las urnas”.
