Habemus ley de movilidad sostenible. La norma, ligada a la recepción de 10.000 millone de los fondos europeos, pudo ser aprobada ayer en el Congreso de los Diputados gracias a un acuerdo de última hora del Gobierno con Podemos. La norma contiene importantes novedades en materia de movilidad, como la obligación a las empresas de más de 200 trabajadores de contar con planes para abandonar el coche, la reducción de los vuelos cortos o la recuperación de los trenes nocturnos que conectan con Europa, entre otras medidas.
El Gobierno logró ayer salvar a última hora la ley tras un acuerdo con Podemos, que se abstuvo, en el que se contempla un endurecimiento de los requisitos medioambientales en la ampliación del aeropuerto de El Prat. En concreto, el Ministerio de Transportes se ha comprometido a que en el Plan Director de la ampliación de El Prat se incluya un informe técnico, que tendrá carácter vinculante, que evaluará si las obras que se acometerán en el aeropuerto cumplen con las emisiones de gases invernadero fijadas en la norma Fit for 55 (una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050).
Otros detalles de la ley son los siguientes:
Financiación del transportes
La ley de movilidad sostenible establece que la Administración central queda obligada, mediante el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, a participar en la financiación de los servicios del transporte público colectivo urbano de viajeros reservado a las entidades locales. Asimismo, se obliga a las ciudades a fomentar la movilidad activa (a pie, bicicleta o ciclo), el transporte público, la intermodalidad, los vehículos cero emisiones y la optimización de los repartos. En el plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar licitados los contratos de concesión de servicios de todas las concesiones estatales.
Neutralidad climática en el 2050
La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pone fin a más de tres años de tramitación y negociación parlamentaria en el Congreso. El texto ha recibido cientos de enmiendas por parte del conjunto de grupos parlamentarios. Su probación es una obligación emanada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte. El sector del transporte es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero) en España. En 2024, este sector contribuyó con el 33,3 % del total de las emisiones, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 32,1 % del total de dichas emisiones. La ley prevé lograr la neutralidad climática -plena descarbonización- en el sector del transporte en el año 2050.
Reducción de los vuelos domésticos
La ley establece que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales”. Esta fue una de las propuestas aprobadas por la Asamblea Ciudadana del Clima, un organismo de participación cívica emanado de la ley de Cambio Climático.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio presentará el estudio al respecto que “será sometido a un proceso de audiencia pública” antes de ser analizadas las aportaciones realizada, que servirán como base para posibles modificaciones normativas en caso de ser necesarias.
Planes de movilidad limpia en las empresas
La ley obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, a impulsar la electrificación de trenes, puertos y aeropuertos, y prevé la recuperación de trenes nocturnos, así como la reordenación de las rutas de transporte público por carretera.
Transporte de mercancías por tren
También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos e insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales. Concretamente en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno presentará un estudio para actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.
Puntos de recarga
Para desarrollar la movilidad eléctrica se prevé el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras (gasolineras) y el de estaciones de recarga eléctrica rápida y ultrarrápida (electrolineras) suficientes y necesarios.
“La Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad. A pesar de que el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado, contiene elementos significativos con capacidad real para reducir los impactos del sector y mejorar la vida de las personas, la salud pública y el medio ambiente. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”. Esta es la posición mantenida por una quincena de entidades sociales, entre las que están CC.OO., UGT, Ecologistas en Acción, Transport and Environment y Greenpeace.
