El acuerdo entre Trump y el G7 para eximir a las multinacionales de Estados Unidos del impuesto mínimo sobre los beneficios del 15% constituye un golpe grave a los incipientes esfuerzos por frenar el creciente control de las grandes empresas globales sobre el conjunto de la economía mundial.
En el 2021, bajo el impulso de Joe Biden, 130 países acordaron en el marco de la OCDE que las empresas que facturan más de 750 millones de euros contribuyeran al menos con un tipo mínimo efectivo del 15% de sus beneficios en los países donde desarrollan su actividad. Fue un intento para frenar los efectos perversos de una globalización, en buena parte protagonizada por las llamadas grandes empresas tecnológicas. El carácter básicamente inmaterial de su actividad hace que, a diferencia de las grandes manufacturas tradicionales, su movilidad sea mucho más elevada, siempre en busca de minimizar los costes laborales, energéticos y, sobre todo, fiscales. Biden forzó la ampliación de la fiscalidad mínima en todo tipo de grandes empresas, no solo las tecnológicas, pero es evidente que estas eran las más afectadas.
El acuerdo entre Trump y el G7 dificulta frenar el control de las grandes multinacionales
Se ha especulado cómo las grandes corporaciones nacidas en torno al Silicon Valley habían cambiado su vocación tradicionalmente liberal y demócrata hacia el republicanismo más reaccionario de Trump. La explicación más extendida era que pretendían evitar las limitaciones que desde los dos lados del Atlántico iban poniendo a su crecimiento monopolístico y a una regulación que las constreñía. Ahora vemos que un elemento fundamental era la mayor carga fiscal que los acuerdos propiciados por Biden les comportaban.
Aunque formalmente esta decisión hará falta ratificarla en el marco de la OCDE y que el texto que ha trascendido del acuerdo es impreciso y confuso, no hay ninguna duda que se producirá una marcha atrás sustancial de la cual difícilmente quedarán al margen las grandes empresas de otros países. Y que el proceso de oligopolización mundial continuará con la misma fuerza que antes. A raíz del acuerdo de los países de la OTAN para aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, algunas voces bien intencionadas decían que todo era teatro para contentar a Trump, que el plazo de diez años para cumplir el objetivo es muy largo y es previsible que ni el presidente estadounidense ni otros de los mandatarios allí presentes estén para entonces. Quizá sí.
Pero el acuerdo del G7 tiene unos resultados mucho más inmediatos, aunque algunos países ya lo hayan implementado. Veremos si la presencia en la reunión del G7 de la presidenta de la CE, Ursula von Leyden, era solo protocolaria y Europa seguirá luchando contra los oligopolios mundiales, empezando por evitar que en su propio territorio existan estados –como los Países Bajos, Luxemburgo y, sobre todo, Irlanda– que actúen como paraísos fiscales internos. En caso contrario, quizá ya no habrá que temer mucho por la llegada a los gobiernos europeos de la extrema derecha amiga de Trump. Los actuales gobiernos europeos ya les habrán hecho el trabajo por anticipado.
