“Nosotros volveremos a Catalunya”, manifestó a este diario el pasado viernes, de manera contundente e indubitada, el presidente de una importante compañía catalana del Ibex que también trasladó su sede fuera de la comunidad como consecuencia de la crisis política de octubre del 2017. El empresario pide mantenerse en el anonimato porque aún no ha hablado con los accionistas de su compañía ni con el consejo de administración, que es el que deberá tomar la decisión formal de cambiar la sede. Actualmente, en ese selecto grupo de empresas cotizadas en el índice de la bolsa española se encuentran cuatro corporaciones catalanas que mantienen desde el 2017 su sede social fuera de Catalunya: CaixaBank, Naturgy, Colonial –las tres, participadas por La Caixa– y Cellnex.
La marcha de sedes empresariales representó el punto álgido del enfrentamiento entre el independentismo y la burguesía catalana, la gran empresa. Y el mayor golpe político contra el procés desde el interior de Catalunya.
La sociedad catalana, en especial el mundo económico, ha vivido este estado de cosas como si de una amputación se tratase. Una herida abierta para los mismos propietarios de las empresas, apresados entre su voto con los pies contra el procés y su convicción de que debe ser posible tener influencia en España ejerciendo la actividad desde otras ciudades que no sean la capital.
Una situación antinatural en la que especialmente la ciudad de Barcelona se sumió en el pesimismo y sintió haber descendido a un papel secundario, en contraste con su perfil histórico de bulliciosa capital económica de una amplia e industriosa área metropolitana.
Algunos ejecutivos pueden dudar; pagan menos impuesto sobre la renta en Madrid que en Barcelona
La esperanza ahora es que el retorno progresivo de las que marcharon eleve su vitalidad y genere una nueva masa crítica susceptible de transformarse en una estrategia colectiva de futuro. Foment ha sido la gran patronal impulsora de la recuperación de las sedes, que considera un hecho necesario para la vitalidad de la economía catalana.
Y para ello se cuenta con la capacidad de arrastre de La Caixa, núcleo duro del empresariado catalán y de su capacidad de influencia en la economía y la política española y europea. Interlocutora directa y autorizada de los sucesivos gobiernos. Pervivencia financiera, junto con el Sabadell, de una actividad que siempre ha sido difícil gestionar desde Catalunya.
El ambiente reinante en las plantas nobles de las grandes compañías induce a pensar que esa dinámica de retorno acumulará fuerza en las próximas semanas y meses, como pone de manifiesto la declaración del presidente de la compañía del Ibex mencionado antes. Una bola de nieve.
Un contraste claro con el aroma que exudan algunos centros de influencia de la política española. En una entrevista publicada el domingo anterior, hace una semana, en el diario El Mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusaba a los empresarios de “cobardía” y pedía a “la gran empresa y la banca que pongan pie en pared con Sánchez y dejar de financiar todo eso”. El paso de La Caixa y de las que la sigan va justo en el sentido contrario del infierno que dibuja la líder madrileña.
Las empresas que se fueron debaten abiertamente sobre el cambio de sede tras la decisión de La Caixa
En cualquier caso, el retorno de las empresas deberá acompasarse con la situación de cada una de ellas, especialmente en el caso de las más importantes. “Se trata de un asunto en el que la política económica juega un papel muy relevante. El traslado se puede condicionar a que alguno de los dos gobiernos implicados, el central y el de la Generalitat, mantenga buena sintonía en su política económica con esas empresas que deben tomar la decisión del traslado. El ritmo dependerá del statu quo de cada una”, señala otro relevante ejecutivo de una sociedad que también está en esa disyuntiva.
Queda también el espinoso asunto de la fiscalidad. Algunos ejecutivos pueden tener en mente las diferencias de impuestos sobre la renta entre Madrid y Barcelona, claramente favorables para ellos en el caso de continuar en la primera y que empeorarían notablemente si vuelven a residir en la capital catalana. La presión sobre Illa para que introduzca cambios en este apartado podría incrementarse en las próximas semanas.
