Una ex magistrada de 81 años condecorada con la Orden del Imperio Británico, implicada en el coro de la catedral de Cornualles y dedicada a causas caritativas, no parece a primera vista el prototipo de terrorista. Tampoco una antigua directora de colegio ya jubilada, o un octogenario sacerdote. Pero para el gobierno de Keir Starmer sí lo son.
Los tres forman parte de las 204 personas detenidas en el último mes en el Reino Unido (algunas de ellas de edad avanzada y que van en silla de ruedas) por acudir a manifestaciones o apoyar con pancartas a Acción Palestina, que condena la masacre de Gaza, desde que la organización fue añadida a la lista de grupos considerados terroristas con 385 votos a favor y sólo 26 en contra en la Cámara de los Comunes.
La ley Antiterrorista pone a Acción Palestina a la misma altura que Hamas, la rama militar de Hizbulah y el grupo ruso Wagner
Acción Palestina favorece la “acción directa” (como el grupo medioambientalista Just Stop Oil), y ha manchado con pintura roja las instalaciones de empresas vinculadas a Israel o la venta de armas a ese país. Pero su gran “pecado” fue inyectarla en los motores de dos aviones militares en la base de Brize Norton, un “atentado” que el Estado dice que le va a costar ocho millones de euros en reparaciones. Y ya se sabe que el Estado castiga con mucha más severidad cualquier desafío a su autoridad, aunque sea un simple, error en la declaración de la renta, que los delitos entre particulares.
De modo que desde principios de julio acudir a los actos de la organización, cantar sus eslogans o portar sus pancartas es considerado terrorismo, con una pena de prisión de hasta catorce años de cárcel. Es la ley draconiana que se le ha aplicado a Deborah Hinton, de 81 años, detenida en Truro (Cornualles) un sábado por la tarde por acudir a una vigilia con el mensaje “Me opongo al genocidio, apoyo a Acción Palestina”, introducida en una furgoneta policial y trasladada a la comisaría, donde se le tomaron las huellas digitales y una muestra de ADN, antes de meterla en una celda durante siete horas. Su marido, ya fallecido, fue director de la oenegé humanitaria Save the Children.
Se trata de la primera vez en su vida que Hinton es arrestada, y su historial es tan limpio que ni siquiera figuran multas de tráfico. Ahora está acusada de terrorismo, y en libertad condicional pendiente de juicio. La fiscalía ha pedido una pena de seis meses de cárcel, pero no se arrepiente de nada. “El actual Gobierno está erosionando de manera muy escalonada y muy peligrosa los derechos de manifestación y de expresión, y lucharé contra ello aunque sea lo último que haga”, dice.
En el fondo, ha salido relativamente bien librada en comparación con los activistas de Just Stop Oil condenados (y eso después de apelar con éxito la sentencia original) a penas de hasta cuatro años de prisión por interrumpir el tráfico en una autopista británica en protesta contra el papel de los combustibles fósiles en el calentamiento global, o por manchar con pintura a un cuadro de Van Gogh.
El Gobierno ha actuado bajo presión del lobby israelí y el de defensa para incluir a Acción para Palestina en la lista de grupos terroristas, pero es objeto de críticas cada vez más agudas a los recortes a la libertad de expresión y las dificultades crecientes que pone a la celebración de manifestaciones autorizadas, alegando razones de seguridad. En Westminster circulan rumores de que los servicios de inteligencia sospechan que el grupo podría tener contactos con elementos de Hamas en el extranjero, o de que recibiría fondos de Irán. Pero si es así no lo ha dicho oficialmente, y la iniciativa de proscribir a la organización no ha provenido del MI6 sino del Ministerio de Interior.
“Lo que la gente entiende por terrorismo son atentados contra la vida. Lo demás es acción directa, que es otra cosa. Yo era jueza cuando el IRA ponía bombas, y creo que sé de lo que hablo”, afirma Hinton.
