Representantes de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos y movimientos sociales se han concentrado esta mañana frente al Congreso de los Diputados para reclamar a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo para ampliar la moratoria antidesahucios, que llega a su fin este 31 de diciembre.
Más de 60.000 hogares vulnerables se han beneficiado de esta medida desde que se implementó en 2020, según los cálculos del Observatori Desca, una de las asociaciones convocantes. Los representantes empezarán a reunirse con los diferentes grupos parlamentarios la semana que viene.
“Si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional, ya que actualmente la Administración no ha desarrollado planes de actuación urgente para garantizar el derecho a la vivienda de todas estas familias, ni tampoco existen medidas alternativas a la moratoria del escudo social”, señala la plataforma en un comunicado que ha remitido a los grupos parlamentarios.
La renovación de la medida requiere la aprobación parlamentaria
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha recordado, durante un encuentro organizado por la Fundación Alternativas, que para poder ampliar la medida es necesaria la aprobación del Congreso y que “en este momento poner de acuerdo a todo el arco parlamentario es complejo”. Si bien se ha mostrado “prudente” sobre la posibilidad de alcanzar esa mayoría necesaria, ha recordado que el Gobierno ha logrado hasta ahora ampliar tanto esta como el resto de las medidas incluidas en el escudo social.
En el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha presionado también al PSOE para que prorrogue esta suspensión y la haga permanente “de manera urgente”.
La ampliación de la moratoria es “una propuesta de mínimos”, señala también el comunicado de las asociaciones, que reclama que se prorrogue el tiempo suficiente para implementar un “verdadero plan de actuación” que asegure el mantenimiento en la vivienda o el realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes. Apuntan, entre otras medidas, a la puesta en marcha de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda y de la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb.
Denuncian además que, aunque la propia regulación obliga a las Administraciones Públicas a realojar a las familias en situación de vulnerabilidad una vez suspendido su desahucio, “solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos, y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de los mismos”.
“Llevamos años estirando el chicle de la renovación y pedimos medidas más estructurales. El derecho a la vivienda no puede ser un juego de cromos entre partidos”, recalca por su parte Diana Virgós, portavoz del Observatori Desca.
La moratoria antidesahucios forma parte del paquete de medidas del escudo social aprobado por el Gobierno en 2020 durante la pandemia de Covid-19 y prolongado desde entonces. La última prórroga se incluyó en el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y expira el próxima 31 de diciembre.
La moratoria incluye la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los casos de impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, para quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.
También otorga a los arrendadores y titulares de viviendas afectados por la suspensión de los procesamientos de desahucio y lanzamientos la posibilidad de solicitar una compensación determinadas circunstancias.
