Una jueza de Madrid considera que la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez hace “presumir” la posible existencia de delito, y ha acordado enviar el caso al juzgado que ya la investiga por presunto cohecho y tráfico de influencias.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid remite a su compañero del juzgado número 9 la denuncia presentada por esta formación por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal.
La magistrada acuerda abrir diligencias previas tras la denuncia, si bien constata que en el juzgado número 9 ya se ha abierto una investigación “por los mismos hechos”, de modo que decide inhibirse y enviar la causa al juez Arturo Zamarriego.
Este magistrado citó a declarar el próximo 11 de noviembre a Leire Díez en calidad de investigada por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales, y lo hizo a petición de la Fiscalía después de la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra la exmilitante del PSOE.
Pero estos no son los únicos frentes judiciales que afronta Díez. Hace unas semanas, la Fiscalía de Madrid envió un escrito al juez Zamarriego en el que pedía imputarla por intentar sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, a cambio de información comprometedora.
La Fiscalía remitió al juez sus pesquisas respecto a los supuestos intentos de soborno, aunque este magistrado rechazó incorporarlas a la causa, de modo que la Fiscalía recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, según indican a EFE fuentes jurídicas.
Ahora, este magistrado deberá pronunciarse sobre la inhibición acordada por la titular del Juzgado de Instrucción 44 tras la denuncia de Iustitia Europa.
Las denuncias contra Díez se iniciaron tras la publicación de una grabación en la que la exmilitante mantenía una reunión acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo -actualmente defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán- con el empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn para obtener información sobre el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
