El Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de febrero una modificación de la normativa de asilo que, entre otras cosas, crea una lista de “estados seguros”, definidos como regiones donde «no existe persecución» ni “un riesgo real de sufrir daños graves”. La designación busca acelerar las resoluciones de asilo de personas provenientes de estos países, considerando que es probable que sean infundadas, lo que permitiría rechazarlas rápidamente.
Estos países son Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo, estados con características muy distintas en cuanto a seguridad. En el caso de Colombia, por ejemplo, en 2025 el Global Peace Index del Institute for Economics and Peace la situaba dentro del 15% de los países menos pacíficos en el mundo. En India y Túnez, expertos de Naciones Unidas han alertado sobre la vulneración de los derechos humanos.
¿Qué se necesita para ser considerado país seguro? ¿Qué implica esto para los nacionales de estos siete territorios incluidos en la lista y cuál es la situación en estos países? ¡Te lo explicamos!
Una vez entre en vigor la normativa, que todavía tiene que aprobar el Consejo, las personas de los estados considerados seguros que pidan el asilo a la UE tendrán que demostrar que en su caso la definición de país seguro no aplica porque sí existe persecución o riesgo de sufrir daños graves, según describe el comunicado oficial de la Eurocámara.
Varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el European Center for Constitutional and Human Rights o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han alertado de que este cambio en la normativa puede dificultar el acceso a la protección que otorga el asilo a través de la condición de refugiado, y poner en peligro a personas vulnerables que no pueden volver a sus países de origen.
Lena Düpont, del Partido Popular Europeo por Alemania y una de las ponentes de la propuesta, defiende la decisión argumentando que «permitirá acelerar» los procedimientos y «aligerar la carga» para los estados miembros. Hasta ahora, esta lista era competencia estatal, no comunitaria, pero el Pacto sobre Asilo y Migración, aprobado en el 2024, y las regulaciones que se desprenden de éste hacen posible la homogeneización de los protocolos para fomentar un sistema europeo común más robusto.
¿Qué países están en esa lista y cuáles son las consecuencias para sus ciudadanos?
La lista europea que acaba de aprobarse en el Parlamento, y que debe formalizarse en el Consejo Europeo, define a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez como países de origen seguro. También abre las puertas a considerar seguros a los países que hayan sido aceptados como candidatos para formar parte de la UE, en concreto en el caso de Kosovo, porque quiere decir que cumplen los mismos requisitos que el resto de miembros comunitarios.
Esto implica, según la resolución legislativa del martes 10 de febrero, que cuando entre en vigor, las aplicaciones de protección de asilo para los ciudadanos de estas regiones se acelerarán y se tendrán que resolver en un máximo de tres meses, en vez de seis, y que, si la persona todavía no ha sido autorizada para entrar en territorio europeo, su aplicación podrá resolverse directamente en la frontera.
Los 27 se amparan en que definir terceros países seguros “es una herramienta esencial” para “apoyar la examinación rápida de solicitudes que es probable que sean infundadas«. Las peticiones infundadas, según la normativa de la UE, «pueden ser consideradas mediante procedimientos acelerados, sin un examen completo, o bien ser rechazadas muy rápidamente por motivos objetivos».
Por tanto, de entrada el solicitante deberá demostrar que el concepto de país seguro no aplica en su situación personal. Es decir, las personas interesadas tendrán que probar desde un inicio que existe un miedo fundamentado de ser perseguidas o sufrir daños graves, y que necesitan la protección del asilo porque no pueden volver a su país, como detalla la normativa que regula el procedimiento de protección internacional de la UE.
Como describe la Agencia de Asilo de la UE (EUAA por sus siglas en inglés) el miedo fundamentado tiene un aspecto subjetivo y uno objetivo y el foco en el marco del asilo está en la parte de los fundamentos. Según la EUAA, «se trata principalmente de una evaluación de riesgo basada en hechos», definida en la EASO Practical Guide: Evidence Assessment. Esta evaluación tiene que ver con la situación del solicitante dentro de su país y si esa persona o su familia han sido perseguidas.
¿Cómo decide la UE que un país es seguro?
Según la propuesta de modificación de la regulación europea, para ser considerado como país seguro se debe demostrar que no existe persecución (de la forma en que se define en el artículo 9 de la Regulación del Procedimiento de Asilo de la UE) ni tampoco un riesgo real de sufrir daños graves (como se define en el artículo 15). El artículo 9 califica, entre otros, la violencia física, psicológica o sexual, como actos de acoso, así como las medidas policiales y legales discriminatorias.
El artículo 15 describe como graves daños la pena de muerte, la tortura o el trato degradante, y las amenazas “contra la vida o la integridad de un civil debido a la violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno”. Bangladesh, Egipto, India, Marruecos y Túnez aún mantienen la pena de muerte en sus códigos penales, como recoge la resolución aprobada por el Parlamento. Sin embargo, la Eurocámara considera que son países donde se aplica raramente, que han firmado compromisos para eliminarla o que han aplicado una moratoria.
Colombia, por su parte, vive un conflicto armado desde los años cincuenta con varios movimientos guerrilleros, pese al acuerdo de paz con las FARC en el 2016, como recoge la EUAA. Sin embargo, el Parlamento considera que “no hay una amenaza generalizada por razón de violencia indiscriminada” por ningún conflicto interno.
Otro de los requisitos es que el porcentaje de aplicaciones de asilo en la UE de sus ciudadanos esté por debajo del 20%. Según los últimos datos de Eurostat, de septiembre de 2025, no existe ningún país del mundo que supere este porcentaje en términos de solicitantes que optan al proceso por primera vez, que según estos datos son la mayoría.
¿Cuál es la situación en los países considerados seguros?
El informe anual de 2026 de Human Rights Watch recoge vulneraciones de derechos humanos en los siete países de la lista recién aprobada por la UE. La reciente resolución europea, por su parte, justifica la inclusión de estos países como seguros basándose sobre todo en las ratificaciones internacionales de tratados sobre derechos humanos y en la estructura formal de las instituciones legales y políticas en estos territorios.
Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en el laboratorio de ideas Instrategies, experta del Consejo de Europa e investigadora del GRITIM-UPF, añade que «la categoría de ‘país seguro’ no implica ausencia de riesgos, sino que presupone que, en general, existen mecanismos de protección estatal». De hecho, como detalla la propuesta europea, una de las condiciones para afirmar que el país es seguro incluye analizar fuentes de información de los estados miembros, de la EUAA, del Servicio Europeo de Acción Exterior, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de otras organizaciones internacionales pertinentes.
En el caso de Colombia, por ejemplo, la propia EUAA publicó en diciembre del 2025 un informe que detalla que entre 2023 y 2025 «ha sido testigo de conflicto armado continuado y violencia» y que «una serie de actores armados no estatales» están «activos y han expandido su presencia en el territorio». El documento afirma que la situación vivida sobre todo a raíz de conflictos internos en los últimos dos años han propiciado un aumento del riesgo para la población local. La resolución de la UE, en cambio, afirma que «en general» no existe riesgo de daños graves, «excepto en áreas rurales específicas» donde no hay presencia del Estado, y que «no hay una amenaza generalizada por motivo de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno».
En el Global Peace Index del 2025, que elabora el Institute for Economics and Peace, Colombia aparece en la 140ª posición de 163 países. Es decir, cerca de un 85% de países en el mundo se encuentran en una situación más pacífica. Como detalla el índice, el país puntúa mal sobre todo por la elevada tasa de homicidios por 100.000 habitantes y por el número de refugiados y personas desplazadas internamente como porcentaje de la población.
Además, como describe la resolución del Parlamento de la UE, “ningún Estado miembro define actualmente a Colombia como país seguro”, aunque argumenta que el país ha ratificado los principales instrumentos internacionales para los derechos humanos y que su Constitución aporta “fuertes garantías” para proteger estos derechos. Concluye que, a excepción de las “áreas rurales sin presencia integral del Estado”, no existe “riesgo de daño importante”.
En cuanto a Bangladesh, aunque según los datos de Eurostat, el porcentaje de solicitantes que presentan la primera petición de asilo está muy por debajo del 20% (5,1%), ocupa la cuarta posición en la lista de solicitantes de asilo en la UE, por detrás de Venezuela, Afganistán y Siria.
El último informe mundial de Amnistía Internacional define Bangladesh como un territorio donde la libertad de expresión es reprimida, donde ha habido desapariciones forzadas, las minorías religiosas y los pueblos indígenas sufren violencia y el cerca de un millón de refugiados rohingyas todavía sobrevive de forma muy precaria, sin acceso a servicios esenciales. La resolución de la UE asegura que “no hay ningún conflicto armado en curso en Bangladesh y, por tanto, no existe ninguna amenaza por motivo de violencia indiscriminada”.
Marruecos también se encuentra entre los diez países que más solicitudes de asilo presentan en la UE, en octava posición, con un 2,9%, según Eurostat. El informe de Human Rights Watch del 2026 afirma que en este país «las autoridades intensificaron la represión contra activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos». La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegura que «las libertades de expresión y reunión están severamente limitadas” y que el aborto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o entre personas del mismo sexo están criminalizados.
La resolución europea reconoce que la pena de muerte todavía aparece en el código penal marroquí, aunque destaca la moratoria de 1993 que detuvo su aplicación. La ausencia de conflicto armado y la ratificación de los instrumentos internacionales de los derechos humanos motiva a la UE a considerarlo seguro y libre de persecución.
En cuanto a Egipto, Human Rights Watch define como autoritario al gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi y asegura que durante el último año se «reprimieron las voces críticas pacíficas» y a “las personas defensoras de los derechos humanos». Añade que el espacio cívico también está gravemente restringido. La UE argumenta que el país ha declarado «su intención de reformar la ley sobre la detención preventiva» y «limitar el número de delitos castigados con la pena de muerte y reforzar la cultura de los derechos humanos”, aunque admite que es necesaria una “implementación efectiva”.
En la India, el 2024, expertos de las Naciones Unidas pidieron acciones urgentes para proteger los derechos humanos y acabar con los ataques contra las minorías en el camino hacia las elecciones generales de ese año. Entre otras vulneraciones, habían documentado desapariciones forzosas y «asesinatos selectivos y arbitrarios». Amnistía Internacional también denunció vulneraciones similares.
En julio de 2025, expertos de la ONU hicieron pública su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Túnez, especialmente por la situación de los profesionales legales, que según este organismo eran perseguidos. El informe de Human Rights Watch añade que «el gobierno ha convertido la detención arbitraria en una piedra angular de su política represiva, con el objetivo de privar a las personas de sus derechos civiles y políticos».
La resolución de la UE argumenta que, aunque sigue existiendo la pena de muerte, existe una moratoria desde 1991 y el país ha ratificado algunos tratados internacionales referentes a la protección de algunos derechos humanos. Además, añade que no se vive un conflicto armado y, por tanto, no existe amenaza de «violencia indiscriminada».
Kosovo es un potencial candidato para unirse a la UE, y por tanto ha tenido un acceso más directo a esta lista. Aun así, un informe de la Comisión Europea de 2025 asegura que “el funcionamiento de las instituciones democráticas hace frente a algunos retos” y que “la política interna divisiva continuó dificultando la implementación de la agenda de la UE”.
Añade, también, que es necesario mejorar la independencia y la imparcialidad del poder judicial y de la fiscalía en todos los niveles y que, aunque el marco general para proteger los derechos humanos existe, la implementación “debe mejorar”. El informe de 2026 del Human Rights Watch asegura que en el país hay ataques contra periodistas y violencia contra el colectivo LGBTI.
¿Qué consecuencias puede tener para los solicitantes de asilo?
Pinyol-Jiménez explica a Verificat que “la existencia de una lista puede derivar en procedimientos acelerados y en una presunción, aunque sea refutable, que dificulte el acceso efectivo a la protección«. Esto, añade la experta, «puede poner en peligro a personas vulnerables». Organizaciones europeas, como el European Center for Constitutional and Human Rights, en un comunicado firmado por 37 organizaciones internacionales, también se ha expresado en términos similares, alertando sobre todo del caso de Túnez.
Como afirma la experta en políticas migratorias, «aunque no otorguen una categoría jurídica, cuando organizaciones internacionales documentan vulneraciones graves y continuadas de derechos humanos, es necesario extremar las garantías, para evitar que se vulnere el derecho de asilo de personas o colectivos determinados».
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