El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado a un inspector de policía que introdujo en el sistema de búsquedas el nombre del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, vinculado a una supuesta investigación relacionada con estupefacientes.
En una providencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el magistrado recoge cómo este funcionario vinculó a Iglesias con otro miembro del partido, Miguel Urban, eurodiputado hasta el pasado año, a quien se le había relacionado en un supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
El juez cita al inspector el próximo 3 de julio con el objetivo de “valorar con esos datos si está o no justificado pedir información de un responsable político de dicho partido, Pablo Iglesias, por el hecho que otra persona del mismo partido estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente”.
El juez acuerda esta declaración después de haber realizado una consulta a la Policía y haber considerado que tal consulta era “improcedente”. Según El Diario, la investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016.
El instructor de la Audiencia Nacional investiga una querella interpuesta por Podemos por un supuesto espionaje a sus miembros en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien a su vez daba cuenta periódicamente al ministro Fernández Díaz, se dio la orden a agentes de policía para “realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban Podemos”.
El objetivo principal, según esta formación, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y desprestigiar ante la opinión pública a Podemos, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, según estas sospechas, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad.
