Podemos se personará como acusación popular en el caso sobre los protocolos de no derivación de ancianos de residencias a hospitales en la primera ola de la pandemia, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y en el que están imputados dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
“Obviamente, la que se tiene que sentar en el banquillo, ser juzgada y ser condenada, es Isabel Díaz Ayuso por esa gestión criminal en la aplicación de los protocolos de la vergüenza en las residencias”, ha señalado la eurodiputada de Ahora Podemos, Isa Serra.
Cinco años después
“Después de cinco años ya va siendo hora de que por fin haya visos de que se avanza hacia la verdad, la justicia y la reparación”, ha indicado Serra.
Ha recordado que “esos protocolos excluyeron a las personas en función del grado de dependencia, que es una absoluta barbaridad, que es algo discriminatorio y que se aplicaron e hicieron que muriesen 7.291 personas cuando había camas vacías en los hospitales privados”, adonde “solamente fueron derivadas las personas que tenían un seguro privado”.
Serra ha agradecido la labor de las asociaciones que llevan cinco años “luchando por la dignidad de la ciudadanía madrileña, por la dignidad de las víctimas de las residencias y por los servicios públicos”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes, centrada en el fallecimiento de Antonio Paz en la residencia Atenea, del distrito de Fuencarral-El Pardo, el 8 de abril de 2020.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias coordinada por Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
