Los lazos con el poder económico siempre han sido determinantes para la política. Es en relación con ese mundo como se define en buena parte la ideología y, en muchos casos, la propaganda que la acompaña. Mientras la derecha se declara business friendly , la izquierda alardea de plantar cara al capital. De la misma manera que los empresarios buscan influir en la política, esta trata de dominar las terminales económicas. Esta semana, que Barcelona ha acogido las jornadas del Cercle d’Economia, ha sido una buena ocasión para comprobar el estado de las relaciones entre el poder político, empresarial y financiero.
Si hay un pilar que sostiene a Pedro Sánchez, pese a la precariedad de su mayoría parlamentaria, es la buena marcha de la economía. En la legislatura anterior, Yolanda Díaz logró varios acuerdos con la patronal cuando la alianza de izquierdas era la única factible. Ahora que Junts es decisiva, el poder económico hace valer su influencia de forma más evidente y dificulta las cosas a Sánchez. La patronal ha rechazado las últimas subidas del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, que necesita de la abstención de los diputados de Carles Puigdemont para salir adelante.
El ‘procés’ favoreció un acercamiento empresarial a Sánchez e Illa, pero ahora surgen los roces
Pero existen otros frentes en la relación entre el Gobierno y el mundo económico. Desde que decidió hace un año que no tiraría la toalla ante las causas judiciales contra su familia, Sánchez está dispuesto a dar la batalla en todos los ámbitos, sean judicial, mediático, financiero… Su influencia en el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra al frente de Telefónica es una muestra clara. Sánchez acudió esta semana al Cercle d’Economia como ha hecho desde que es presidente, sintiéndose en terreno favorable. Una buena relación que cuajó a raíz del procés , cuando el presidente del Gobierno estaba a punto de conceder los indultos a los líderes independentistas, pero aún le atenazaba la duda. El Cercle se alineó públicamente a favor de esa medida y eso dio un empujón a la decisión. Pero los ecos del procés se han ido apagando y emergen los intereses de siempre.
Sánchez mantiene algunos frentes abiertos. Por un lado, el choque con las energéticas por la política fiscal, enturbiado ahora más con el apagón, que se mezcla con la reclamación de las operadoras de las nucleares para rebajar la tasa de gestión de los residuos de esas centrales, que el Gobierno ha subido en un 30%. Por otro lado, a los roces con los bancos por el impuesto se ha añadido el movimiento de Isidro Fainé, que ha cesado al frente de Criteria Caixa a Ángel Simón. Una decisión que ha disgustado a Sánchez, aunque poco antes Fainé le diera una alegría, a él y a Salvador Illa, con el retorno de la sede social de La Caixa a Catalunya. Todo ello se complica con la decisión que el Gobierno tiene que tomar sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell. Sánchez se encuentra delante no solo la opinión contraria de los empresarios catalanes a esa operación, sino también de los sindicatos y de buena parte del tejido social, además del interés de Illa.
Illa saluda al presidente del BBVA, Carlos Torres, en el Cercle d’Economia
Pero en términos generales, el mundo económico catalán dio una buena acogida al presidente en las jornadas del Cercle. La entidad lamentó el nulo entendimiento entre el PSOE y el PP, pero lo cierto es que puso más la carga de la prueba en Alberto Núñez Feijóo. El empresariado catalán suele escuchar con agrado la crítica del líder del PP a la elevada fiscalidad de la Generalitat, pero tuerce el gesto cuando habla de la financiación autonómica o la inversión en infraestructuras.
El Cercle también pidió más pactos entre el PSC y Junts, algo muy difícil, no tanto por barreras ideológicas sino por la lógica aspiración de los posconvergentes de volver a gobernar la Generalitat. Para ello necesitan erigirse en la única alternativa a Illa, aglutinar todo el descontento y, por tanto, dejar al socialista con la única posibilidad de apoyarse en ERC y los comunes. Junts sabe que esa situación dificulta a Illa tomar algunas decisiones, como la ampliación del aeropuerto.
Los empresarios catalanes fueron seducidos en su día por el lema business friendly de Artur Mas cuando llegó a la Generalitat, pero enseguida el procés complicó las relaciones. Illa se convirtió en el candidato favorito de esos círculos después del paso de Quim Torra y de ERC por el Govern, pese a la moderación exhibida por Pere Aragonès. Ahora que Illa es president, parte del empresariado muestra cierta decepción porque el socialista no ha aliviado la presión fiscal o ha topado el alquiler de vivienda de la mano de los comunes. Hace poco Josep Sánchez-Llibre, presidente de la patronal Foment, le acusó de someterse a un “tripartito encubierto” de ERC, comunes y la CUP. Illa le contestó implícitamente en el Cercle con una reflexión sobre lo curioso que resulta que los empresarios pidan unas veces la intervención del poder público (en la opa) y otras exijan el libre mercado (caso de la vivienda).
Junts no puede ser un aliado de Illa en Catalunya, pero en Madrid la relación con el PSOE está bastante encauzada, sobre todo si se logran en breve avances sobre la oficialidad del catalán en Europa. El diálogo entre el grupo de Junts en el Congreso y los ministerios es fluido. La última muestra ha sido el apoyo al decreto para paliar los efectos de los aranceles de EE.UU. Pero eso no significa que Junts vaya a favorecer la aprobación de la rebaja de la jornada laboral, dado su alineamiento junto al empresariado y unas relaciones con los sindicatos que no pasan precisamente por su mejor momento. Miriam Nogueras expresó así la posición de Junts: “Lo que la gente necesita es no sufrir para llegar a fin de mes”, y añadió: “Los catalanes somos unos currantes, nos han enseñado generación tras generación lo que es la cultura del esfuerzo” y no “a ser unos vagos, a ir por ahí mendigando”. Difícil de revertir.
