La aplicación del ideario ecologista provoca en Francia un dilema que suele expresarse en estos términos: ¿es más urgente evitar el fin del mundo o ayudar a que la gente llegue a fin de mes?, ¿qué coste económico y social inmediato es asumible para salvar el planeta a largo plazo?
La decisión de la Asamblea Nacional, la semana pasada, de frenar la aplicación de las aquí llamadas “zonas de débiles emisiones” (ZFE), vigentes en 25 áreas urbanas, ha provocado un gran debate nacional, ha dividido a la clase política y ha dado alas a un populismo, de derechas y de izquierdas, que consiste en minimizar los peligros de los tubos de escape en aras de la inclusión social y de la defensa de las clases modestas.
Quedan en el aire las zonas urbanas de bajas emisiones después del freno en la Asamblea Nacional
La polémica medida contra las ZFE se adoptó camuflada dentro de un proyecto de simplificación normativa. Recibió 98 votos contra 51. La apoyaron sobre todo los Republicanos (derecha gaullista) y el Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha), así como diputados de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) y comunistas. La rechazaron los ecologistas, los socialistas y una mayoría de macronistas y de sus aliados de centro y centroderecha.
El argumento de los contrarios a las ZFE es que se trata de una medida discriminatoria y punitiva que afecta los automovilistas que no tienen el poder adquisitivo suficiente para cambiar sus actuales viejos vehículos de motor térmico, diésel o gasolina -los prohibidos por las ZFE–, por los eléctricos o los híbridos.
Para los ecologistas y quienes son partidarios de mantener las restricciones en aras de la calidad del aire, el freno del Parlamento -que aún debe ser confirmado por el Senado– supuso una mala noticia que va contra el signo de los tiempos. El exministro de Transportes Clément Beaune, del ala izquierda del macronismo y exsherpa del presidente en las cumbres internacionales, habló de una “triste semana de demagogia antiecologista”, pues, ante la presión de los agricultores, también se levantó la restricción a utilizar un pesticida, el acetamiprid.
En el bando contrario, el golpe a las ZFE fue saludado como una gran victoria popular frente a la tecnoestructura burocrática francesa y europea que adopta normas muy dañinas para la gente humilde. Uno de los promotores de la campaña contra las ZFE es el escritor Alexandre Jardin, que escribió un libro muy militante sobre el tema. Jardin no ha dado abasto estos días para salir en tertulias de radio y televisión. Según él, la decisión de la Asamblea ha significado un punto y aparte en la tendencia a la desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades populares. Para Jardin, la imposición de las ZFE fue un verdadero “delirio social” que se ha corregido, un cambio cultural.
La actual controversia es en cierta manera heredera de la que hubo en otoño del 2018 cuando el Gobierno quiso introducir una ecotasa de varios céntimos para los carburantes. Fue el detonante de la revuelta de los chalecos amarillos , un movimiento de protesta de envergadura, con derivaciones muy violentas, que amplió luego sus reivindicaciones, tuvo en jaque a la República durante meses, con algaradas callejeras cada sábado, y desestabilizó a Macron. Nada fue lo mismo después.
Tal como ocurrió con la ecotasa, las ZFE se han interpretado –y el populismo de algunos partidos ha ayudado a ello– como un agravio a las poblaciones rurales o a las que han sido expulsadas a las áreas periurbanas debido al alto coste de la vivienda. Esos ciudadanos necesitan a menudo el vehículo para ir a trabajar o hacer gestiones en los centros de las urbes. Impedirles el acceso porque sus coches son viejos y contaminan aviva los resentimientos sociales hacia los burgueses urbanos en especial los parisinos. Las profundas fracturas sociales y políticas francesas expresan también, pues, en la sensibilidad hacia los gases de escape y las partículas finas.
