PP y Vox han registrado este viernes en las Corts Valencianes una serie de enmiendas transaccionales a la ley de acompañamiento a los presupuestos que se tiene que aprobar en el pleno la próxima semana. Los dos grupos han pactado modificar la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana para introducir una disposición final que prevé “la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular”. Un acceso del que solo se exceptúan “los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.
En la misma línea que los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 que se aprobaron el pasado miércoles, la modificación de la ley de servicios sociales valenciana contempla el desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional. Así, para el reparto de ayudas se contemplará “el establecimiento de un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema”.
No es el único cambio introducido por los dos partidos en sus enmiendas de aproximación a esta importante ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y de organización que acompaña a los presupuestos. Los populares también han cedido a las pretensiones de Vox y han registrado modificaciones en la ley para la mejora de la renta valenciana de inclusión que se aprobó en abril de este mismo año. Según el texto acordado, “se considerará cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana durante alguno de los siguientes periodos mínimos de tres años de manera continuada, o 10 años dentro de los treinta inmediatamente anteriores a la solicitud de manera continuada o interrumpida.
Un incremento de los requisitos muy significativo, ya que el texto pactado por PP y Vox en abril contemplaba que la residencia habitual eran 15 meses de manera continuada o cinco años dentro de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpida. Unos criterios que ya se habían endurecido hace apenas unos meses y que ahora se multiplican.
Tras conocer estas propuestas, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha apuntado que “una vez más vemos cómo el PP se arrastra ante Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad; los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo”. En este sentido, ha anunciado que su partido impulsará “un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Acompañamiento y a todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox”.
Duras críticas de PSPV y Compromís a las medidas acordadas por PP y Vox
Por su parte, el sindic del PSPV-PSOE, José Muñoz, las noticias conocidas hoy suponen “un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana”. Muñoz ha criticado que, después de la ley de Presupuestos, ahora pretendan extender la mal llamada “prioridad nacional”, el “apartheid institucionalizado”, al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, “convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos”. “Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada”, ha asegurado Muñoz.
