Baleares permitirá que suelo rústico de Baleares se reclasifique como suelo urbano para construir viviendas plurifamiliares destinadas a quienes lleven al menos cinco años de residencia en el archipiélago. El Govern de Marga Prohens abre la puerta a parmitir la urbanización de ciertas áreas rurales de las islas en los municipios de más de 20.000 habitantes, una exigencia planteada por Vox. El partido de extrema derecha había amenazado con bloquear este martes la aprobación de un decreto ley que libera suelo en Palma para construir 20.000 viviendas, la mitad de ellas a precio tasado.
Baleares es la comunidad más afectada por la emergencia habitacional y la inflación en el precio de la vivienda, con el precio del metro cuadrado más caro de España, más de 3.700 euros. En Palma es casi imposible encontrar un alquiler medio de un piso por menos de 900 euros y eso es lo que se puede llegar a pagar por una habitación en Eivissa. En los últimos años han proliferado los poblados chabolistas o de caravanas en los que viven personas con trabajo y sueldo fijo a quienes, sin embargo, ya no les basta para pagar el alquiler.
El PP y Vox creen que esta emergencia habitacional se combate con más vivienda en el mercado, de ahí su plan para liberalizar suelo en una comunidad en la que todos los esfuerzos han ido dirigidos en estos 40 años de autonomía en sentido inverso, hacia la contención urbanística. El acuerdo PP y Vox supone un giro radical en esta materia, si bien el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, asegura que el texto pactado con Vox está “inspirado” en una norma similar aprobada durante el mandato del socialista Francesc Antich en el año 2008.
La oposición parlamentaria se prepara para dar la batalla en contra de la aprobación de este decreto, al que ya han bautizado como “el decreto pelotazo” y del “atentado ambiental”. Las críticas derivan del hecho de que el Govern de Prohens haya apostado por la construcción de pisos bajo la figura de Viviendas a Precio Limitado (VPL), un modelo que es un 30 % más caro que la VPO tradicional. Sostienen que los promotores tendrán los mismos costes en el proceso de construcción, pero los beneficios serán un 30 % superiores.
La oposición habla de ‘pelotazo’ por los beneficios a los promotores
El Govern balear niega radicalmente estas acusaciones y asegura que las VPL están muy por debajo del precio de mercado, con un precio de venta de unos 275.000 euros cuando un precio medio en las islas supera los 350.000 euros, según datos del Colegio de Notarios. La oposición insiste en que los promotores tendrán unos beneficios añadidos que rondarán los 600 millones de euros solo en Palma.
La norma pactada también incorpora medidas contra la okupación. Quienes hayan sido condenados por algún delito relacionado con okupaciones ilegales, allanamiento o usurpación, no podrán recibir ayudas de la administración para vivienda ni tendrán derecho a un piso de promoción pública. También planteará ayudas para quienes hayan sufrido una okupación, con el fin de compensarse posibles gastos legales que hayan tenido que asumir los propietarios.
