El coro ya está ensayando el réquiem para acompañar la defunción este miércoles de las 37,5 horas, aunque el sujeto todavía se mantiene en vida, pero con pronóstico reservado y perspectivas pesimistas. Todo es posible porque los milagros existen e incluso se conocen casos de resurrecciones al tercer día. Casi un milagro sería que Junts cambiara de posición antes del miércoles y no votara su enmienda a la totalidad a la propuesta de reducción de la jornada laboral, un voto que sumado al del PP y Vox devolvería la iniciativa al Gobierno. Y las resurrecciones son posibles porque desde Trabajo insisten en que, si la propuesta decae el miércoles, volverán a presentarla, y que, además, aplicarán de forma independiente las medidas que no necesiten pasar por el parlamento; léase el registro horario telemático, eficaz y con multas más elevadas, para controlar que las horas de que conste la jornada, sean las 40 o las 37,5, se cumplan.
Volver a presentar la propuesta sería un intento de resurrección que ya anunció en junio la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la frase de que se aprobará “si no es a la primera, será a la segunda, si no será a la tercera”; y que la semana pasada retomó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al afirmar que “no sé si en la votación del próximo miércoles, pero es una batalla que vamos a ganar”. Un proyecto de resurrección, si la propuesta decae el miércoles, que Yolanda Díaz no solo asume, sino que lidera, porque es la que más se juega en esta partida. Las 37,5 horas son su gran estandarte de esta legislatura, equivalente a lo que supuso la reforma laboral en la anterior y, además, en el momento político que vive, con Sumar débil, Podemos echado al monte y los sondeos mortificándola, lo último que necesita es una derrota como esta.
La reducción de jornada goza de apoyo popular pero no es la primera prioridad de los trabajadores
Sin la reducción de jornada, su buscado giro social se quedará sin la pieza maestra, un vacío que no rellenarán la próxima subida del SMI, ni la ampliación de permisos parentales que arrancó al PSOE en julio y que mañana debe convalidarse en el Congreso, ni el estatuto del becario que sigue aparcado en el cajón, ni tampoco el control horario de la jornada.
De momento, Díaz no tira la toalla y sigue con sus cantos de sirena a Junts, en forma de ofertas de ayudas a las pymes, medidas contra el absentismo y otros posibles guiños. Las ayudas a las pequeñas y medianas empresas supondrían recuperar y aumentar las planteadas durante la mesa de diálogo social. Eran bonificaciones a las contribuciones sociales para las pymes, y ayudas directas a microempresas en los sectores de hostelería, comercio, agricultura, peluquerías y limpieza, que fueron retiradas ante la negativa de la patronal a entrar a negociar a fondo. También aportaría algún gesto para contrarrestar el absentismo creciente que denuncia especialmente la patronal catalana Pimec. Sería un elemento que se añadiría al papel más activo de las mutuas para reducir el tiempo de las bajas laborales que patronal y sindicatos acordaron en el AENC del 2023.
La reducción de jornada, que afectará a 12 millones de trabajadores, la mayoría mujeres, es un proyecto que goza de apoyo popular, es cierto. Así lo muestran las encuestas que señalan que en todos los partidos hay una mayoría de partidarios, incluido Vox. Es el argumento que utilizan tanto Trabajo como los sindicatos para intentar sacar los colores a un PP aquí extremadamente discreto, “que no quiere hablar del tema”, insisten en el ministerio, a pesar de que les han solicitado varias veces una reunión. Pero también es cierto que la jornada no suele ser la principal reivindicación de los trabajadores. Los veteranos en la negociación de los convenios cuentan cómo, a la hora de la verdad, lo que prima es el salario y solo después, vienen los horarios.
La medida afectará a doce millons de trabajadores
Es una medida que afectará especialmente a la agricultura, la hostelería y el comercio, sectores que en los últimos años han tenido unos márgenes y un resultado bruto de explotación que les facilitará la adaptación. Este es el argumento de Trabajo, al que la patronal contesta que llevan varios ejercicios en que el número de microempresas en estas áreas va disminuyendo. Una CEOE que, intuyendo desde el principio que al proyecto le faltarían votos en el parlamento, nunca aceptó entrar en una auténtica negociación.
En todo caso, el primer tropezón después del retorno de vacaciones ya fue táctico. La fijación del día 10 para el voto de las enmiendas a la totalidad en el Congreso, fue un revés que PSOE y Sumar intentaron evitar en la junta de portavoces de la semana pasada, sin conseguirlo. Querían ganar más tiempo para negociar, una semana reconocen, aunque probablemente hubieran deseado un margen más amplio. El problema es que, como la propuesta ya venía cualificada antes del verano, tocaba introducirla, excepto voto contrario en la junta de portavoces. Sin embargo, en la junta del martes, PP, Vox y UPN, que participaba en representación del Grupo Mixto, rechazaron el aplazamiento y forzaron el voto para esta semana, saboreando ya una previsible derrota del Gobierno.
La sorpresa de la convocatoria la reconoció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al que casi pillan desprevenido en una entrevista radiofónica. Se salvó porque no le formularon la pregunta, pero posteriormente no se cortó la lengua y calificó la votación de pasado mañana de prematura e inoportuna. Precisamente, esta mañana Álvarez y su homólogo en CC.OO., Unai Sordo, dan una rueda de prensa sobre la votación de pasado mañana y, se supone, presionar a los grupos políticos. Es la última ofensiva de los sindicatos para evitar que los coros acaben entonando el réquiem por las 37,5 horas.
