El exconseller Raül Romeva deja la presidencia de la Fundación Irla, un organismo asociado a Esquerra Republicana que encabezaba desde principios de este año. A partir de ahora pasa a ser su portavoz, ya que tal y como desveló este medio, debido a su situación judicial no podía desempeñar ese cargo.
Este cambio responde al hecho de que legalmente, mientras no le aplique la ley de Amnistía, Romeva no podía estar al frente de la institución. Las personas inhabilitadas para el ejercicio del cargo público no pueden formar parte del patronato de una fundación, según se establece en el libro tercero del Código Civil Catalán. El exconseller tiene esa condena por su participación en el procés y en el referéndum del 1-O y está a la espera de que el olvido penal surta efecto en su caso, una cuestión que está en manos de los jueces.
Desde la fundación señalan que Romeva “renuncia al cargo de patrón, y en consecuencia, deja de presidir el patronato de la Fundación Irla”. “La razón de la renuncia es el hecho de que su inhabilitación se ha alargado mucho más en el tiempo de lo que se preveía en el momento de su incorporación“, prosigue el ente en un escueto comunicado en el que también se lamenta que ”la derecha judicial se ha negado a aplicar» la ley de Amnistía.
De todos modos, en el organismo han hallado un mecanismo para que Romeva continúe vinculado y, según remarcan, “seguirá representando a la fundación” con el cargo de portavoz “a la espera de que la aplicación de la ley de Amnistía sea total”. Así pues, dejan la puerta abierta a que el exconseller pueda volver a encabezar la fundación en el futuro. “Estamos encantados de contar con él”, apuntan fuentes de la fundación. De momento, tal y como estipulan los estatutos, la vicepresidenta, Alba Castellví, asume las funciones de la presidencia hasta que el patronato se reúna a principios del año que viene y elija a un nuevo presidente.
Tras publicar la información este medio, el Govern se puso en contacto con representantes de la fundación de manera informal, aunque no hubo ningún comunicado oficial. En consecuencia, antes de acabar el año la fundación ha decidido acometer los cambios en su organigrama. La respuesta del Ejecutivo catalán a esta situación y otras que puedan surgir en los próximos meses fue el anuncio de un informe y un código de buenas prácticas para evitar que haya más casos como este.
La situación de Romeva no es la única que está bajo lupa, ya que Laura Borràs, sobre quien también pesa una condena de inhabilitación, si bien en su caso no es firme, en teoría iba a pasar a encabezar la nueva fundación de Junts per Catalunya, FunDem, que es la antigua fundación de Demòcrates de Catalunya, el partido independentista que se escindió de Unió en el 2015 y que ahora se ha integrado en JxCat.
En las semanas posteriores al último congreso de Junts, FunDem ha trabajado en un cambio de estatutos para vincular el organismo a la formación que lideran Carles Puigdemont y Jordi Turull, con una modificación mínima. Ahora deben nombrarse nuevos patronos y está la duda de qué rol desempeñará Borràs, ya que en su caso además de la condena por inhabilitación concurre también otro hecho que en estricto cumplimiento de lo que estipula el Código Civil catalán la veta para el patronato, tener una condena por un de delito de falsedad. Con todo, la única salvaguarda en su caso es que la condena no es firme puesto que el Tribunal Supremo lleva casi dos años con su recurso sobre la mesa y no le ha dado salida al asunto.
