¿Serán suficientes las condiciones impuestas ayer por el Gobierno a la opa del BBVA sobre el Sabadell para hacer desistir al banco de origen vasco de seguir hacia adelante o de disuadir a los accionistas del segundo de que le vendan sus títulos?
Esta era la pregunta que Junts, uno de los socios parlamentarios catalanes del Ejecutivo, se formulaba ayer tras conocer las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y este será su criterio a la hora de dar o no crédito a la capacidad de acción política de Pedro Sánchez, juicio que en última instancia determinará el sentido de sus votos en el Congreso.
La comparecencia de Cuerpo tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó los nuevos requisitos tenía tanto carácter político como financiero. Nunca se sabrá si la politización de la opa se habría evitado en el caso de que el banco presidido por Carlos Torres hubiera aplazado tres días su anuncio, evitando así ser el protagonista del tramo final de la última campaña electoral catalana. A lo mejor el guion no habría cambiado demasiado. Pero la realidad es que la operación ha evolucionado siempre bajo ese manto desde el primer minuto, y la suerte del desembarco financiero en el Sabadell ya se ha convertido en una de las principales batallas de poder político-económico de la legislatura.
Los socios del Gobierno se preguntan si esto servirá para frenar la operación
Cuerpo tenía ayer la difícil papeleta de anunciar unas estipulaciones que respetaran el marco legal, que ni invadieran las competencias ni cuestionaran el papel del regulador, la Comisión de la competencia, y que al mismo tiempo atendieran un compromiso político explícito del presidente del Gobierno con las fuerzas nacionalistas catalanas y con el tejido asociativo empresarial, absolutamente contrarios a la operación.
Dos medidas descuellan sobre el resto de las aprobadas ayer por el Ejecutivo. El mantenimiento del empleo, la vaca lechera de la mayoría de las operaciones de concentración bancaria y la obligación de mantener al menos tres años, susceptibles de llegar hasta cinco, la independencia patrimonial y jurídica del banco catalán y la autonomía de su gestión.
Este último punto tiene un calado político ineludible. De entrada, durante el periodo de vigencia de esa medida, el Sabadell se mantendría como banco con sede en Catalunya y con sus centros de decisión y ejecutivos en Sabadell. Aunque no esté garantizada la supervivencia de ese modelo más allá de esos tres o cinco años, deja la puerta abierta a nuevos escenarios. Pero la experiencia también testifica la capacidad de los poderes financieros para sortear las imposiciones legales por la vía de los hechos, los cambios en la realidad económica y las complejidades del mundo del dinero.
Aunque hay precedentes de compras de bancos que no se traducen en fusión hasta décadas después –el Santander de Emilio Botín se quedó Banesto en 1994 y no lo absorbió hasta el 2012– no es menos cierto que eso ocurrió en momentos en los que las implicaciones en términos de coste y ratios de capital y solvencia eran completamente diferentes, de mucha menor entidad. Las consecuencias económicas de la no fusión son ahora diferentes, más onerosas al decir de los expertos.
Carlos Torres y Josep Oliu
Esa condición también tiene otras implicaciones. Josep Oliu, el batallador presidente del Sabadell, ha venido postulando durante estos largos meses que el Gobierno debía dejar claro en el momento en el que se pronunciara procesalmente, es decir, ayer, que estaba en contra de la fusión no tres años, indefinidamente. Según el banquero catalán, despejar esa incógnita podía servir para acabar de desanimar a los accionistas más proclives a acudir a la opa. Sin fusión, razonaba el presidente del Sabadell, el rendimiento para los accionistas que cambiaran de títulos sería mucho menos claro y mucho más especulativo.
Cuerpo atendió ayer parcialmente la propuesta del banquero vallesano, pero sin decirlo explícitamente. Es más, dejó claro que el pronunciamiento gubernamental sobre la fusión deberá ser más adelante, siempre y cuando la opa prosperase y si el BBVA formulase la petición. Ahora se trataba solo de las condiciones de la opa.
Pero aun así, el ministro de Economía se ha anticipado y ha vetado la fusión por la vía de los hechos, lo que permite a Oliu y su consejero delegado, César González-Bueno, echar mano de un argumento más justo en un momento especialmente crítico de la batalla. Ayer ya pidió a Torres que detalle los efectos económicos de la aplicación de las medidas impuestas por el Gobierno.
El futuro de la operación está ahora en manos del BBVA. El equipo de Torres no avanzó nada ayer. Su principal ocupación debía estar del lado de sus propios accionistas, a quienes debe explicar el significado de las nuevas condiciones y su impacto en el proyecto.
