Shakira ha ganado su última batalla contra Hacienda después de ocho años de litigio. La Audiencia Nacional le ha dado la razón en la causa abierta respecto al ejercicio fiscal de 2011 y obliga a la Agencia Tributaria a devolverle un total de 60 millones de euros: deberá retornarle 27 millones que Shakira ingresó una vez se abrió el acta de inspección (24 millones como liquidación de la regularización de la renta y tres millones de patrimonio) y otros 33 millones en concepto de aval que la cantante presentó para hacer frente a una eventual sanción.
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el principal argumento sobre el que Hacienda inició el procedimiento contra la artista colombiana: que había pasado el tiempo legal exigido en España —183 días—, lo que la obligaba a tributar por sus ganancias en el país.
Su equipo legal argumentó, en cambio, que “era materialmente imposible que la cantante pasase en España el tiempo legal exigido”. En un comunicado difundido este lunes, recuerdan que “en 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia Tributaria la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos”. Además, sostienen que esta situación le ocasionó “grandes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella”. Esta era la última causa abierta contra la cantante colombiana por el fisco español. En 2023, tras su ruptura con Gerard Piqué, se trasladó a Miami con sus dos hijos.
“En 2011, Shakira no tenía en España casa ni hijos, pero Hacienda la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira”, recrimina el equipo legal de la artista
La Agencia Tributaria consideró que la artista era “residente fiscal en España en el ejercicio 2011”, quedando obligada a tributar por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hubiera generado. La Administración sostuvo que pasó 163 días en España: acreditó directamente 73 y el resto de días los consideró como ausencias esporádicas.
La sentencia subraya que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días” y que, por tanto, “es obvio que las consiguientes sanciones son contrarias a derecho”. La cantante argumentó que en 2011 no existía vínculo conyugal con Piqué, sino una relación sentimental sin hijos, por lo que “a efectos legales” no existía un núcleo familiar en España, uno de los criterios para determinar la residencia fiscal. El tribunal da la razón a Shakira al entender que “la Administración no ha acreditado que la recurrente permaneciera en España, en los términos exigidos, más de 183 días”. “No ha probado tampoco que tenga el núcleo de intereses económicos en España ni relaciones familiares con residentes en el país”, concluye.
Su equipo legal lamenta que “bajo el amparo de unas obligaciones tributarias que la Justicia ha demostrado que jamás existieron, Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros”, correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y a sus gastos. Por ello, subrayan que ahora la justicia “condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los elevados costes en los que la artista ha incurrido”.
El abogado de Shakira, José Luis Prada, asegura tras conocer la sentencia que “esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”. Por eso, añade, “supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una justicia que funciona y asegura la prevalencia de la ley”.
Fuentes de la Agencia Tributaria han anunciado que instarán a la Abogacía del Estado a recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo. Recuerdan que la artista colombiana aceptó en conformidad las condenas por delitos contra la Hacienda pública correspondientes a los años 2012-2014 y que, en este caso, la Audiencia Nacional resolvía únicamente el ejercicio 2011 por la vía administrativa.
Shakira aceptó una condena por fraude fiscal por los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014 para evitar la celebración de un juicio con más de 40 sesiones. Alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y aceptó una pena de tres años de prisión, que fue sustituida por el pago de 7,3 millones de euros. La cantante aseguró que había suscrito el pacto “por sus hijos”, para cerrar un asunto que le había causado “mucho dolor y angustia”.
