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Varias tarjetas permiten pagar con criptoactivos, pero el cobro final se hace en moneda fíat.
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Los emisores de estos medios de pago están sujetos a regulaciones.
Visa, líder global en pagos digitales, anunció recientemente una alianza con Bridge —empresa especializada en stablecoins adquirida por Stripe—, con el fin de lanzar tarjetas que permitan realizar pagos con monedas estables en Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México y Perú. Según la compañía, esta iniciativa busca responder a la creciente demanda en América Latina por productos como USDT y USDC.
Latinoamérica mantiene una relación estrecha con los criptoactivos. Es una zona marcada por la desconfianza hacia los sistemas financieros tradicionales, donde millones de personas están adoptando herramientas como wallets de autocustodia y soluciones basadas en stablecoins para proteger su dinero. Según Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, América Latina fue la segunda región de más rápido crecimiento en materia de criptomonedas en 2024, con una expansión interanual del 42,5%.
Aunque a primera vista las tarjetas basadas en bitcoin y stablecoins pueden parecer una innovación atractiva y eficiente para muchos ciudadanos, lo cierto es que detrás de estos instrumentos se esconden riesgos que no deberían pasarse por alto. Desde la vigilancia estatal y los peligros de la custodia centralizada, hasta las implicaciones fiscales y de seguridad, estos mecanismos pueden comprometer la libertad financiera que BTC y las criptomonedas buscan promover.
En la mayoría de los casos, estas tarjetas obligan a los usuarios a almacenar sus BTC o stablecoins en plataformas centralizadas, como exchanges o servicios administrados por los propios emisores. A diferencia de las wallets de autocustodia, donde cada persona mantiene el control total de sus claves privadas, y, por tanto, de sus fondos, estas soluciones introducen intermediarios que gestionan los criptoactivos en nombre del cliente. Aquí empiezan a torcerse las cosas.
El funcionamiento de este tipo de tarjetas es sencillo: al pagar, bitcoin y los criptoactivos del cliente, como USDT y USDC, se convierten automáticamente en dinero fíat. La plataforma custodial deduce el monto correspondiente, lo transforma en moneda local mediante su integración con redes de pago tradicionales, y finalmente el comercio recibe su pago como si fuera una transacción bancaria común.
No obstante, lo que a priori parece una conveniencia se traduce en riesgos que van más allá de la simple pérdida de autonomía, empezando por el hecho de que las plataformas de custodia son un blanco constante para los hackers. Esto lo han demostrado incidentes como el colapso de Mt. Gox en 2014, el hackeo de Binance en 2019 y el reciente ataque a Bybit de este año, que comprometieron miles de millones de dólares.
Además, hay otros dos grandes problemas a tener en cuenta: el primero es que este tipo de empresas, como exchanges y fintechs, al estar sujetas a regulaciones estrictas, pueden congelar cuentas por orden judicial o gubernamental, lo que deja a los usuarios sin acceso a su dinero en caso de investigaciones o disputas legales. En segundo lugar, si se da una situación de insolvencia, como ocurrió con el colapso de FTX en 2022, los clientes podrían pasar años esperando para recuperar sus fondos.
Las plataformas de custodia operan bajo estrictas normativas como KYC (Know Your Customer) y AML (Anti Money Laundering), lo que implica que cada transacción deja un rastro digital que fácilmente pueden seguir las autoridades. Al pagar con una tarjeta vinculada a BTC o stablecoins, el proceso de conversión a moneda fíat se realiza a través de sistemas regulados, lo que genera un registro claro de quién realizó la compra, cuánto y dónde.
Sin embargo, el riesgo surge en el momento en que, bajo el pretexto de la transparencia, esta trazabilidad se convierte en una verdadera espada de Damocles, exponiendo a los usuarios a sanciones arbitrarias. Por ejemplo, en contextos de inestabilidad política, los fondos almacenados en plataformas de custodia pueden ser confiscados bajo justificaciones legales, un riesgo que los usuarios de wallets autocustodiadas pueden evitar al mantener sus activos fuera del alcance de intermediarios.
A esto se suma un riesgo que golpea directamente a los usuarios de a pie: cada vez que un cliente utiliza una tarjeta vinculada a criptomonedas para pagar en un comercio, la conversión a dinero fíat puede generar una obligación fiscal, como declarar ganancias de capital, algo común en muchos países. Para el usuario que solo busca la comodidad de pagar con medios más prácticos que el dinero en efectivo o las transferencias bancarias, este obstáculo puede culminar en multas o auditorías, si no se tiene cuidado con los gastos.
El uso de tarjetas vinculadas a criptomonedas ofrece numerosas ventajas, especialmente para aquellos que buscan la comodidad de realizar pagos rápidos. Sin embargo, como sucede con cualquier innovación, es crucial ser consciente de los riesgos asociados y tomar decisiones bien informadas.
Aunque intermediarios como exchanges y fintechs pueden ser soluciones prácticas en muchos casos, siempre es recomendable evaluar cuidadosamente las implicaciones en términos de seguridad, fiscales y regulatorias. Con el conocimiento adecuado y las precauciones necesarias, los usuarios pueden aprovechar ciertos beneficios sin sacrificar grandes dosis de autonomía ni exponerse innecesariamente a riesgos.
