Después de la dura derrota sufrida el miércoles, ayer el Ministerio de Trabajo lanzó su respuesta para recuperar al menos algunos de los aspectos que decayeron con el rechazo del Congreso del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Se trata de una transformación del registro de jornada, de mejorar el control del horario que ahora mismo, el mecanismo aplicado desde el 2019, se está demostrando como inefectivo.
Era una advertencia que ya había formulado Trabajo en caso de que se rechazara la reducción de jornada, y la ha cumplido. El primer paso fue sacar a consulta pública las líneas generales de esta nueva regulación del registro, que estará abierta desde hoy hasta el 26 de septiembre. Es un paso previo y necesario antes de que pueda pasar por el Consejo de Ministros.
La modificación del registro horario era uno de los elementos que iba incorporado en el proyecto de ley de la reducción de jornada que fue tumbado con los votos de Junts, PP y Vox. Un revés para la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lo había convertido en su proyecto estrella.
Es la reacción a la derrota de ayer cuando el Congreso rechazó la reducción de jornada
Ahora este nuevo registro se tramitará como real decreto, por tanto, sin necesidad de pasar por el Congreso, pero con una gran limitación, y es que no contempla el aumento de las sanciones por incumplimiento que se pretendía inicialmente. Se quería pasar del máximo actual de las sanciones graves de 7.500 euros por empresa a los 10.000 euros por trabajador. Un aumento para garantizar la efectividad de la norma, pero este cambio necesitaría una modificación de la ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, lo que tal como están las cosas no es factible.
Los sindicatos reclaman que el cambio del registro se apruebe lo antes posible, para el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, afirman. Sin embargo, no será tan inmediato. La consulta pública estará abierta hasta el 26 de este mes y después tendrá que pasar por Consejo de Ministros, y ya con un texto articulado, someterse a una audiencia de información pública.
En el texto publicado hoy se especifica que los asientos los tiene que hacer personalmente el trabajador, y que debe precisar cada tipo de tiempo de trabajo registrado. Es decir, señalar si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad; y también si las horas son ordinarias o extraordinarias. Un clasificación para facilitar identificar posibles incumplimientos de la normativa.
Además, también se señala que tanto el trabajador, como su representación sindical, así como la inspección de Trabajo deben tener “acceso inmediato” a la información. Este es uno de los aspectos básicos, especialmente el acceso de los inspectores. Es uno de los elementos que en el Ministerio consideran que permitirán dotar de eficacia a un sistema que ahora no la tiene.
En el redactado de la consulta no se especifica que todos los registros tengan que ser en formato digital, porque se dice que “se podría de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de identidad”. Sin embargo, desde Trabajo indican que como es una consulta, se dejan plantear todas las opciones para ser estudiadas. Añaden que “el Ministerio entiende que el registro digital es el que cumple con los requisitos de seguridad requeridos”. Es decir, que el criterio es que, para poder cumplir con la regla del acceso inmediato al registro, la digitalización es un elemento indispensable.
