¿Hasta qué punto llega el deber de independencia e imparcialidad de un juez a la hora de dictar una sentencia? La Inspección de Trabajo ha alzado la voz esta mañana contra el magistrado Álvaro Lobato, del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, quien es autor de la reciente sentencia sobre el caso de Just Eat contra Glovo. En dicha resolución el magistrado hace referencia a la actuación de dos inspectoras de trabajo en este proceso.
Según una misiva de Cristina Fernández, directora de la Inspección de Trabajo, el magistrado hace “unas manifestaciones absolutamente impropias de una sentencia judicial, carentes de justificación y que desprestigian la labor de esta institución y de sus funcionarios”. Y, por ello, reclama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas disciplinarias contra este magistrado.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado en la red social Bluesky que ya se ha presentado una queja ante el CGPJ y, en su publicación, ha considerado “inaceptable” el “menosprecio” del juez a la Inspección de Trabajo, una “institución fundamental para proteger los derechos laborales” que merece “respeto”. “Mi apoyo total a quienes luchan contra la precariedad desde lo público”, ha añadido.
En la sentencia, que desestima la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo, el magistrado hace referencia a la actuación de dos inspectoras de trabajo y considera que estas funcionarias manifestaran “hostilidad y beligerancia a Glovo y sus representates”. También apunta que la institución llevó a cabo una “denodada e incansable persecución de continuo acoso a la compañía”.
En la resolución, el juez pide también “relativizar” los testimonios de dichas funcionarias “porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo” afirma que “los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.
