Aplazada hasta septiembre la reducción de la jornada, el Ministerio del Trabajo ha redoblado la presión para aprobar la remuneración de los permisos parentales lo antes posible. “Tenemos listo el real decreto”, dijo esta semana la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sentada al lado de dos ministros socialistas, y anunció que reclamaría que el tema se incluyera en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de mañana, un paso previo indispensable para ir a Consejo de Ministros.
El objetivo de que la CDGAE lo discuta este lunes de momento no parece conseguido. Al cierre de esta edición, no estaba en el orden del día del organismo, y en Economía, que es quién controla la agenda, lo dejan para próximas reuniones, aunque desde Trabajo siguen presionando.
El decreto-ley también amplía el permiso por nacimiento de las 16 semanas actuales a 20
El real decreto-ley está redactado e incluye todos los detalles del triple objetivo que busca Trabajo: las cuatro semanas de permisos retribuidos para cuidados, la ampliación de los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas y la extensión hasta 34 semanas de los permisos para familias monoparentales. En el documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia , se argumenta que es una norma que “consolida en el ordenamiento español una nueva forma de entender las relaciones entre el trabajo y el cuidado. Es una norma que se compromete de forma efectiva con la corresponsabilidad de género”.
Uno de los elementos más destacados de la iniciativa son las cuatro semanas de permisos retribuidos para cuidados hasta que el hijo cumpla los ocho años. Es una prestación económica que se reconoce a los trabajadores durante el permiso parental, y que tiene una duración máxima de cuatro semanas de las ocho de que consta el permiso. En el caso de las familias monoparentales, la prestación se extiende a ocho semanas. Es válida hasta que el hijo cumpla los ocho años.
El real decreto-ley especifica que “la prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al cien por cien de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, durante el tiempo que se disfrute del permiso parental, con una duración máxima de cuatro semanas”.
Esta medida es un complemento a la ya aprobada anteriormente y en vigor, que establece los permisos de ocho semanas por cuidados, pero sin fijar remuneración alguna. Es la retribución lo que se añade ahora. Esta falta de remuneración es un incumplimiento de la normativa europea que provocó la apertura de un expediente a España por el que paga 9.000 euros al día de multa, una cantidad que, según indica Sumar, se multiplicará hasta más de 40.000 euros por día a partir de agosto. Y este incumplimiento es una de las razones alegadas para justificar la adoptación de la norma por real decreto-ley.
La segunda gran novedad de la medida es ampliar de 16 a 20 semanas el permiso por nacimiento. En el real decreto-ley se destaca que este cambio tiene una transcendencia especial porque supera la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y permite que España se sitúe entre los países europeos com permisos de maternidad más largos y flexibles. La prestación ampliada se aplica indistintamente a hombres y mujeres con carácter individual, y de manera igual e intransferible.
Se mantiene como ya está en vigor actualmente que las primeras seis semanas del permiso serán ininterrumpidas inmediatamente después del parto, y que se disfrutarán a jornada completa. Unos permisos a los que tendrán derecho los dos progenitores.
Un tercer elemento es la extensión de las medidas a las familias monoparentales. Se amplia el permiso por nacimiento hasta las 34 semanas. A las veinte semanas que tiene, según la nueva norma, el permiso por nacimiento, se le añaden catorce más en las unidades monoparentales. “La finalidad de esta ampliación es garantizar la igualdad del menor respecto a los menores que se encuentran en unidades familiares biparentales, como ha establecido el Tribunal Constitucional”, recoge el real decreto-ley.
El extraviado estatuto del becario
Otro de los proyectos que intenta rescatar Yolanda Díaz es el estatuto del becario, una regulación de las prácticas no laborales, pactada hace dos años entre el ministerio y los sindicatos, pero que todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros. Un texto que incluye un régimen sancionador a les empresas por incumplir los derechos de los alumnos, prevé una compensación de los gastos que tengan los estudiantes y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas. Un proyecto que topa con la oposición no solo de la patronal ,sino también de los rectores de las universidades, que critican la compensación obligatoria de los gastos que prevé la norma. La conferencia de rectores de las universidades (Crue) se ha pronunciado repetidamente en contra y hasta el momento la parte socialista del Gobierno no ha mostrado ningún interés en activar este normativa.
