El Ministerio de Trabajo no tira la toalla de sumar a la patronal al acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y, para intentarlo, ha aplazado la reunión prevista para este viernes con los agentes sociales. Quiere ganar un tiempo extra para seguir las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para conseguir una de las reivindicaciones que reclama la patronal, la indexación de los contratos públicos. Es decir, que los aumentos del SMI repercutan en estos contratos de manera que no los tengan que asumir exclusivamente las empresas.
La reunión no estaba convocada oficialmente, pero figuraba en letras mayúsculas en las agendas de todos los negociadores. Sin embargo, hoy Trabajo ha decidido aplazarla, sin fijar nueva fecha por el momento. En la última reunión de la mesa de diálogo social, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sorprendió al afirmar que estaban trabajando con Hacienda en una propuesta de indexación.
Era una oferta a la patronal, aunque no del todo consistente, dado que es conocida la oposición del ministerio de María Jesús Montero a permitir indexar los contratos. Sin embargo, desde aquel momento hasta ahora se han mantenido estas conversaciones y el hecho de que se quieran prolongar, indica que hay ciertas opciones de acuerdo.
La desindexación actual la estableció el gobierno anterior del PP, pero en la etapa Sánchez, el Ministerio de Hacienda siempre se ha resistido a modificar esta norma, que evita un gasto sustancial a las cuentas públicas. Sin embargo, es muy onerosa para empresas que han ganado contratos públicos, en las que los salarios suelen representar un porcentaje muy elevado del total de gastos y que se ven obligadas a aplicar los aumentos sin poderlos repercutir.
La propuesta planteada por Trabajo en la última reunión es de la un aumento del SMI del 3,1%, que lo situaría en los 1.221 euros mensuales, que estarán exentos de tributar el IRPF. En esto sí que hubo acuerdo entre los dos ministerios, y se decidió aplicar la misma fórmula que en el 2025, es decir, un incremento de las bonificaciones para evitar que los beneficiarios del salario mínimo tributen.
