El Gobierno de Donald Trump, cuya aversión por Europa se hizo evidente tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, ha prohibido el visado a un excomisario de la Unión Europea y cuatro personas más implicadas en la lucha contra la desinformación en las redes sociales, al considerar que promueven la censura y atacan de forma injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que los cinco afectados por la medida “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”. Además, Rubio argumentó que los “activistas radicales y ONG instrumentalizadas” han impulsado medidas para restringir la libertad de expresión de oradores y empresas estadounidenses.
Ante este vento, la Unión Europea ha advertido de que adoptará acciones contra cualquier “medida injustificada”. A su vez, la Comisión Europea ha afirmado que “condena enérgicamente la decisión de EE.UU. de imponer restricciones de viaje” y ha solicitado una aclaración sobre la medida.
El Gobierno de Trump se opone a la legislación europea por “reprimir la libertad de expresión”
En el centro de esta disputa está la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, cuyo objetivo es combatir los discurso de odio y la desinformación en internet. Según Washington, esta ley reprime la libertad de expresión e impone costes injustificados a las empresas tecnológicas estadounidenses.
La prohibición de visados es un paso más en la línea de las declaraciones que el Gobierno republicano ha realizado en los últimos meses, afirmando que los dirigentes europeos estaban censurando la libertad de expresión y reprimiendo la oposición a las políticas de inmigración que, en su opinión, corren el riesgo de “borrar la civilización” del continente.
Francia alega que la ley se adoptó para “garantizar que lo que es ilegal fuera de la red también lo sea en la red”
Entre los afectados se encuentra el empresario francés Thierry Breton, quien ocupó el cargo de comisario europeo para el mercado interno entre el 2019 y el 2024. Las prohibiciones también afectan a Imran Ahmed, el director ejecutivo británico del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, con sede en Estados Unidos; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización sin fines de lucro alemana HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación.
La administración Trump afirma que los sancionados etiquetaron falsamente comentarios en internet como incitación al odio o desinformación, y fomentaron la censura del discurso estadounidense.
Ante la prohibición del ex comisario europeo, Francia ha condenado los hechos argumentando que a ley de Servicios Digitales se adoptó “democráticamente en Europa para garantizar que lo que es ilegal fuera de la red también lo es en la red”. “No tiene ningún alcance extraterritorial y no afecta en modo alguno a Estados Unidos”, explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. El presidente Emmanuel Macron también mostró su rechazo a la decisión: “Si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía reguladora frente a medidas injustificadas”, declaró el mandatario.
“¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy? A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo –nuestro órgano elegido democráticamente– y los 27 estados miembros votaron unánimemente la ley. A nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde creen que está”, escribió el propio Breton tras conocer la prohibición de su visado.
