El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su red social que retirará a Harvard su estatus de exención de impuestos, pues “es lo que merecen” después de no plegarse el mes pasado a sus draconianas exigencias, que el centro denunció que atentaban contra la libertad de expresión y la independencia académica. Como otras muchas universidades del país, Harvard está exenta de pagar impuestos porque está incluida en la sección 501 c-3 del código tributario estadounidense, que la designa como organización sin ánimo de lucro.
El republicano no puede revocar unilateralmente dicha designación. La Agencia Tributaria (IRS, por sus siglas en inglés) debe demostrar antes que la escuela está violando las normas que rigen desde hace décadas cuándo las entidades pueden recibir una exención de impuestos. Este es un proceso largo, y en caso de que el IRS de luz verde a la Administración, podría enfrentarse a un desafío legal. De hecho, la ley federal prohíbe que el presidente ordene a la agencia llevar a cabo investigaciones fiscales, y sus empleados deben informar al inspector general en caso de recibir dicha orden.
“No hay base legal para rescindir el estatus de exención fiscal de Harvard”, ha respondido la universidad en un comunicado. “Tal acción sin precedentes pondría en peligro nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión educativa. Tendría como resultado una disminución de la ayuda financiera para los estudiantes, el abandono de programas críticos de investigación médica y la pérdida de oportunidades para la innovación”.
La Casa Blanca ya congeló más de 2.200 millones de dólares en fondos federales a la universidad y está estudiando la posibilidad de retirar otros 1.000 millones en subvenciones. Trump tomó esta medida el mes pasado después de que Harvard decidiera plantarse ante sus demandas, que incluían la eliminación de los programas de diversidad e inclusión, la prohibición de las mascarillas, la reforma de los criterios de admisión y contratación del profesorado o la persecución de la protesta propalestina, que Trump considera “antisemita”.
La exención fiscal no solo permite a Harvard evitar impuestos, también a sus donantes desgravar las aportaciones
Si, pese al impedimento legal, revoca su estatus de exención fiscal, supondrá un golpe duro para su financiación. Gracias a ese estatus, Harvard evita pagar la mayoría de impuestos, pero también permite a sus donantes desgravar sus aportaciones en sus propias declaraciones de la renta. Perder dicha financiación, además de la pública, podría dejar a la universidad más rica del país en una posición insolvente.
La amenaza forma parte de una campaña de presión más amplia de la Casa Blanca contra las principales universidades del país, a las que considera focos de antisemitismo. El presidente ha hecho una lista negra, en la que se incluyen al menos otros seis prestigiosos centros, notablemente la universidad de Columbia, a la que amenazó con retirar 400 millones de dólares hasta que finalmente se plegaron a sus exigencias. Harvard tomó una postura confrontativa, y Trump quiere castigarla como ejemplo aleccionador a las demás universidades.
Trump corta los fondos públicos a NPR y PBS
Las universidades no son la única fuente de conocimiento a la que Donald Trump ha puesto en la diana. El jueves, de madrugada, el presidente firmó una orden ejecutiva que ordena a la Corporación para la Difusión Pública (CPB) poner fin a la financiación federal de los dos mayores medios públicos de Estados Unidos, NPR y PBS. Trump argumenta en su orden que ambas emisoras tienen un sesgo contra él.
“Ninguna de las dos entidades presenta un retrato justo, preciso o imparcial de la actualidad a los ciudadanos que pagan impuestos”, asegura, por lo que “la Junta de CPB cancelará la financiación directa existente en la máxima medida permitida por la ley y se negará a proporcionar financiación en el futuro”. Sin embargo, la ley no permite al republicano retirar estos fondos de forma unilateral, pues su financiación fue aprobada por el Congreso.
La presidenta y directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger, la calificó como una “orden ejecutiva descaradamente ilegal, emitida en medio de la noche”. Aunque ambas emisoras, de radio y televisión, reciben financiación pública, en realidad esta supone alrededor del 1% para NPR, cifra que aumenta al 10% si se tienen en cuenta sus filiales locales. Por su parte, PBS y sus emisoras vinculadas reciben al rededor del 15% de sus ingresos de los fondos federales del CPB.
