El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entrado en un nuevo enfrentamiento directo con la justicia en su intento de enviar soldados de la Guardia Nacional a Portland, la ciudad más poblada de Oregón, para responder a unas tímidas protestas frente a un edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y la policía contienen a los manifestantes en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas, el 5 de octubre en Portland.
El sábado, la juez federal Karin Immergut, nombrada por Trump, declaró ilegal el uso de la Guardia Nacional de Oregón porque las protestas en Portland habían sido generalmente pequeñas y no fueron “significativamente violentas o disruptivas”. Para evitar la prohibición, Trump decidió unilateralmente desplegar a cientos de soldados de otros dos estados, 200 de California y 500 de Texas, pero el domingo la juez Immergut extendió su orden y prohibió “el traslado, la federalización o el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de cualquier estado o del Distrito de Columbia en el estado de Oregón”, añadiendo que la Administración estaba “en contravención directa” de su orden.
La Guardia Nacional es el cuerpo de soldados que tiene cada estado en su reserva y que debe ser usado solo a petición del gobernador estatal y en caso de necesidad. Por ejemplo, para ayudar después de desastres naturales o ante un desorden civil que supere a las fuerzas de la policía local y federal. Bajo ciertas circunstancias, la ley permite al presidente tomar el control de la Guardia Nacional, pero la juez Immergut ha dejado claro en sus dos órdenes que esas condiciones no se cumplen en Portland.
Trump ya desplegó este verano a unos 5.000 soldados en Los Ángeles para acompañar a los agentes federales de inmigración y a la policía local en respuesta a otras protestas contra las redadas migratorias indiscriminadas de la Administración. En aquella ocasión, el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció que el presidente había invadido su autoridad, y el mes pasado un juez federal de San Francisco dictaminó que su despliegue había sido ilegal, porque se había usado a soldados como una “fuerza policial nacional”.
El presidente también desplegó a la Guardia Nacional en Washington, y sigue patrullando armada las calles de la capital, pero en este caso tiene un mayor amparo legal porque el Distrito de Columbia no es un estado, y Trump es el comandante jefe de estos soldados. Además, el mandatario también ha amenazado con enviar soldados a otras ciudades, la mayoría demócratas, como Chicago, Baltimore o Nueva York.
J.B. Pritzker, gobernador de Illinois
“Empezó con agentes federales. Pronto desplegará a la Guardia Nacional contra nuestra voluntad e implicará militares de otro estado”
La última orden de despliegue de soldados en Portland indignó tanto al gobernador de California, Newsom, como a la de Oregón, Tina Kotek, ambos demócratas, que acusaron a Trump de un “abuso de poder” al dar ese paso sin su consentimiento. Tras la prohibición de la magistrada, Newsom celebró que “ha prevalecido el Estado de derecho, y la Guardia Nacional de California regresará a casa”. Sin embargo, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, apoyó el despliegue de sus tropas en Oregón: “Puedes hacer cumplir plenamente la protección de los empleados federales o apartarte y dejar que la Guardia de Texas lo haga. Ninguna Guardia puede igualar la formación, la habilidad y la experiencia de la Guardia Nacional de Texas”, dijo a través de sus redes sociales.
La prohibición expresa de la jueza Immergut, de Oregón, tan solo concierne a este último despliegue en Portland, por lo que no protege a otras ciudades, aunque deja un precedente que pueden usar otros magistrados en el futuro. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, teme que pronto Trump tomará medidas similares en Chicago, la principal ciudad de su estado, en la que ya ha incrementado la presencia de agentes federales y donde el ICE ha iniciado una operación a gran escala. “Empezó con agentes federales. Pronto incluirá el despliegue de miembros federalizados de la Guardia Nacional de Illinois contra nuestra voluntad, y ahora implicará el envío de tropas militares de otro estado”, ha lamentado Pritzker.
El uso de soldados contra los propios ciudadanos estadounidenses está expresamente prohibido por la ley Posse Comitatus, de 1878, que establece que las fuerzas armadas no pueden ser usadas por el gobierno federal para ejecutar leyes dentro del territorio estadounidense, salvo que el Congreso lo autorice expresamente o que la Constitución lo permita. Es decir, prohíbe que el presidente utilice a los militares para labores policiales de orden público, arrestos, registros o aplicación de leyes civiles, como pretende hacer en Portland, en Chicago y otras ciudades, principalmente demócratas. La excepción que permite su uso es la ley de Insurrección, que autoriza su despliegue para sofocar rebeliones o violencia generalizada, caso que no se da en la actualidad.
El despliegue de soldados sin justificación puede provocar una respuesta más violenta de los manifestantes, como ocurrió en Los Ángeles en verano, lo que daría más argumentos a la Administración Trump. La militarización de las ciudades de EE.UU. persigue una estrategia global de normalización del ejército en las calles, lo que intimida a los adversarios políticos de Trump, persigue el derecho a la protesta y supone una demostración de fuerza federal frente a la autoridad de los gobernantes estatales demócratas.
