El presidente Donald Trump tiene plena confianza, o al menos es lo que dice, en la inversión que realizó en el Tribunal Supremo durante su primer mandato en la Casa Blanca.
Así que muestra una fe inquebrantable en que el alto tribunal de Estados Unidos, compuesto por seis jueces conservadores (tres nombrados por él) frente al trío de progresistas, enmendará el desafío del tribunal de apelación que se ha atrevido a declarar ilegales la gran mayoría de los mal llamados aranceles reciprocos, pieza clave en la agenda económica y la guerra comercial desatada por Trump.
Los gravámenes siguen vigentes. El tribunal de apelación, por siete votos a cuatro, consideró que Trump se extralimitó en su poder al invadir competencias otorgadas al Congreso por la Constitución. Fijó en el 14 de octubre la fecha para la eliminación de los aranceles. Este margen da el tiempo suficiente para que el caso se dirima en el Supremo o este tome una decisión cautelar.
De inmediato Trump empezó su campaña de presión. Al poco de difundirse el fallo la noche del viernes, sacó su ira en su red social con su habitual ataque a los jueces. Subrayando que los aranceles todavía están vigentes, el presidente replicó que la decisión de la apelación, si se mantuviera, “destruiría literalmente Estados Unidos, será un desastre total, nos hará financieramente débiles y tenemos que ser fuertes”. Y, por supuesto, remarcó que espera que el Tribunal Supremo se pondrá de su lado y apoyará estas tasas a las importaciones de bienes.
En cambio, el legislador Richard Leal, máximo representante demócrata en el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, calificó el fallo de “victoria del estado de derecho, de la Constitución y de las familias estadounidenses que están pagando el precio de la agenda comercial de Donald Trump”. Y añadió que “la autoridad arancelaria recae en el Congreso y ningún presidente, sea Trump o cualquier otro, puede inventarse un poder del que carece”.
Ese es el meollo del asunto. “Imponer impuestos como los aranceles está otorgado exclusivamente al poder legislativo por la Constitución”, se afirma en el fallo judicial. “Los aranceles son un poder central del Congreso”, se añade.
Llevar el asunto a la cámara legislativa conllevaría mucho tiempo y dificultades para su aprobación, y no solo por la oposición de los demócratas.
El fallo indica que Trump se excedió en sus poderes e invadió competencias otorgadas al Congreso
La regulación arancelaria, que rompe el sistema internacional vigente hace décadas y que ahora se enfrenta a la incertidumbre, es la joya de la corona del actual gobierno de Estados Unidos, que ha llevado a arrodillarse a los gran mayoría de países.
De confirmarse la sentencia de la apelación que ratificó otra previa de una corte de rango inferior en la que se indicó que el presidente asumió un poder que no le correspondía, supondría todo un seísmo para la administración de EE.UU. Trump recurrió a estos impuestos a las importaciones como un arma de coacción global.
Vería anulados todos los pactos firmados con la Unión Europea, Japón, Corea o Indonesia, entre otros muchos, así como los gravámenes impuestos a China, Canadá, México, Brasil o India. Incluso le supondría tener que devolver cientos de miles de millones, según algunas interpretaciones jurídicas.
El gobierno Trump argumentó que, bajo la ley de poder económico de emergencia internacional (IEEPA), de 1977, tenia el derecho a imponer esos gravámenes, incluidos los que denomina recíprocos.
Sin embargo, el tribunal comercial federal, con base en Nueva York y compuesto por tres jueces (nombrados por los presidentes Reagan, Obama y Trump, respectivamente), decretó que el presidente no acumula poderes unilaterales y, por tanto, había usurpado competencias que la Constitución atribuye al Congreso.
La administración Trump apeló de inmediato y el tribunal de apelación volvió a darle vida provisional a los aranceles recíprocos y globales, menos de 24 horas después de que la otra sentencia los ilegalizara.
Pero esta corte de apelación ya advirtió que esa primera resolución entraba en pausa hasta que resolvieran, que es lo que se ha producido este viernes.
El presidente dice que sin aranceles “se destruirá EE.UU., será un desastre y débil financieramente”
El desafió a los aranceles lo lideró un grupo de pequeñas empresas y una coalición separada de estados demócratas. Argumentaron que Trump invocó injustamente la IEEPA.
La ley, que la Casa Blanca defiende su aplicación, otorga al presidente autoridad sobre una variedad de transacciones financieras en caso de emergencia. Las empresas y los estados replicaron que Trump hizo un uso ilegal porque la ley no menciona los aranceles y se utiliza por lo general para imponer embargos y congelar activos durante emergencias nacionales, circunstancia que no existía.
