A raíz de la creciente crispación social, así como de las críticas de representantes republicanos e incluso de la Asociación Nacional del Rifle, el presidente Donald Trump ha decidido intervenir en la macrooperación Metro Surge en Minneapolis. Tras tres tiroteos que han dejado dos víctimas mortales –ciudadanos estadounidenses blancos e inocentes– en menos de un mes, el mandatario ha anunciado a través de su red social que enviará a Minnesota a su llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, a supervisar la caótica situación producida por el despliegue de unos 3.000 agentes migratorios en el área de Minneapolis.
Homan, que fue director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante su primer mandato, “no ha estado involucrado en esa área, pero conoce y aprecia a muchas de las personas allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente a mí”, afirma Trump en su publicación. El movimiento, del que no ha dado muchos detalles, parece un cambio de estrategia destinado a reducir la tensión y acallar las críticas en su base de seguidores.
En otra publicación, Trump ha dicho que le ha llamado el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, “con la solicitud de trabajar juntos”. “Fue una muy buena llamada, y, en realidad, parecía que estábamos en una sintonía similar”, ha afirmado. “Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan lo llamara, y que lo que estamos buscando son todos y cada uno de los criminales que tengan en su poder. El gobernador, con mucho respeto, entendió eso, y estaré hablando con él en un futuro cercano. ¡Estaba contento de que Tom Homan vaya a Minnesota, y yo también!”
Aunque Homan también mantiene una línea dura en materia migratoria, su aproximación es menos incendiaria que la de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o el actual director del ICE, Greg Bovino, que han liderado hasta ahora la operación sobre el terreno. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado en otra publicación que Homan “gestionará” las operaciones ICE “para seguir arrestando a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.
Trump dice que ha hablado con Walz por teléfono y está “contento de que Tom Homan vaya a Minnesota”
Trump ya pareció desmarcarse anoche del liderazgo de Noem y Bovino al negarse a responder si le parecía que el agente que asesinó a Alex Pretti, un hombre de 37 años que lo estaba grabando con el móvil, se había excedido en su actuación. Entrevistado por The Wall Street Journal, el presidente dijo que su equipo “lo está revisando todo y sacaremos una conclusión”, una respuesta muy distinta de la que dieron sus funcionarios sobre el terreno, que criminalizaron desde un primer momento a la víctima como un “terrorista doméstico” y afirmaron que merecía morir porque llevaba una pistola, un derecho protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución.
“No me gusta ningún tiroteo. No me gusta”, añadió Trump en la entrevista telefónica. “Pero tampoco me gusta cuando alguien va a una protesta y tiene un arma muy poderosa, completamente cargada, con dos cargadores también llenos de balas. Eso tampoco queda bien”. El asesinado, Pretti, tenía licencia para portar armas en un estado, Minnesota, en el que es legal. Este tipo de afirmaciones, también reproducidas por otros miembros del gobierno, como el director adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han provocado un inusual comunicado de rechazo de la Asociación Nacional del Rifle, que hasta ahora siempre había apoyado a la Casa Blanca, en defensa de la Segunda Enmienda.
Trump se desmarca de la versión de Noem y Bovino sobre el asesinato de Pretti: “Lo estamos revisando y sacaremos una conclusión”
El cambio de estrategia también parece relacionado con la votación que se producirá esta semana en el Senado para tratar de evitar un nuevo cierre de gobierno. Los senadores tienen sobre la mesa un paquete de seis proyectos de ley para financiar al gobierno, que deben aprobar antes del 30 de enero para evitar el shutdown. Una de estas iniciativas, ya aprobadas en la Cámara de Representantes, contiene nueva financiación de 64.400 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se incluyen 10.000 millones para ICE.
Los republicanos necesitan 60 votos para sacar adelante el paquete legislativo evitando el filibusterismo del Senado, por lo que solo pueden aprobarlo con el apoyo de legisladores demócratas. Sin embargo, a raíz del último tiroteo mortal a manos de un agente del ICE, múltiples senadores han cambiado de opinión y han dicho que votarán en contra.
Por ejemplo, la senadora Catherine Cortez Maso, anunció su oposición argumentando que “la administración Trump y Kristi Noem están poniendo en las calles a agentes federales poco entrenados y confrontativos, sin rendición de cuentas. Están oprimiendo a los estadounidenses y actuando en contra de las fuerzas del orden locales. Esto claramente no tiene que ver con mantener a salvo a los estadounidenses. Se trata de brutalizar a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes que cumplen la ley”.
“Los demócratas del Senado no aportarán los votos necesarios para avanzar el proyecto de asignaciones presupuestarias si se incluye la financiación del DHS”, declaró en un comunicado el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificando lo ocurrido en Minnesota de “espantoso” e “inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”.
Conscientes de las fatales consecuencias de un nuevo cierre de gobierno, como el producido el año pasado, los republicanos están estudiando separar esta financiación del resto para poder aprobar la medida, que también financia al Pentágono, al Departamento de Estado, así como programas de salud, educación, trabajo y transporte. “Estoy explorando todas las opciones”, dijo la republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias. “Tenemos otros cinco proyectos de ley que son realmente vitales, y tengo bastante confianza en que podrían aprobarse”.
La desproporcionada respuesta de los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE, una agencia que ha doblado el número de efectivos en el último año, incorporando en sus filas a fanáticos trumpistas sin experiencia policial, ya está siendo revisada por la justicia. Este lunes, ha comenzado en Minnesota una audiencia judicial tras la denuncia del Estado –junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul– contra lo que considera una violación de su soberanía por parte del gobierno federal.
El enorme despliegue de ICE llega a la justicia tras la denuncia de Minnesota por intromisión en sus competencias
Concretamente, argumentan que la Casa Blanca ha violado la Décima Enmienda, que otorga a los estados las competencias no reservadas al gobierno federal. El objetivo de los denunciantes es la suspensión temporal del despliegue de 3.000 agentes migratorios en Minnesota, o su prohibición definitiva.
Es lo que llevan semanas exigiendo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que acusan a la Administración Trump de buscar una escalada de la confrontación social con sus acciones. “Presidente Trump, usted puede acabar con esto hoy mismo. Retire a esta gente; haga un control migratorio humano, focalizado y eficaz: tiene el apoyo de todos nosotros para hacerlo”, afirmó Walz el domingo durante una rueda de prensa. “Por favor, muestre algo de decencia. Retire a esta gente”.
Por su parte, la Administración ha acusado a las autoridades estatales y locales de la creciente tensión por “negarse a apoyar a los agentes del ICE y poner fin al caos en Minnesota”, en palabras de la fiscal general, Pam Bondi, reproducidas también por el vicepresidente J.D. Vance, que visitó la ciudad la semana pasada. Bondi presentó a Walz una oferta envenenada si quería que la Casa Blanca terminara con esta operación: que entregara información sobre los programas de asistencia social y los censos electorales, que pusiera fin a las políticas que protegen a los inmigrantes frente a la acción de la policía migratoria y que diera al gobierno federal acceso a las cárceles y prisiones de Minnesota.
El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, rechazó con contundencia esta oferta: “Es profundamente preocupante que la fiscal general de EE.UU. convierta esta solicitud ilegal en parte de un aparente rescate para pagar la paz y seguridad de nuestro estado”, afirmó. “El gobierno federal debe poner fin de inmediato a la ocupación sin precedentes y mortal de nuestro estado”.
