Donald Trump lleva tan solo nueve meses en el poder. Pero, desde el día uno, ha fantaseado casi semanalmente en público con la idea de perpetuarse en la Casa Blanca más allá de las elecciones presidenciales del 2028. Ya sea por la pregunta de un periodista, por el elogio de un miembro del gabinete o por alargar una de sus extensas elucubraciones diarias, el mandatario ha dejado claro, de nuevo esta semana, que le “encantaría” seguir siendo presidente cumplidos los 83 años.
La 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es clara en su prohibición de que cualquier persona “sea elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. La única excepción fue el tercer mandato de Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la carta magna también dice que cualquier nacido en el país es estadounidense, que el ejecutivo no puede invadir sin justificación las competencias del legislativo o que es el Congreso quien tiene la facultad de declarar una guerra.
Steve Bannon, estratega político de Trump
“Trump será presidente en el 2028 y la gente debería acostumbrarse. En el momento oportuno, explicaremos el plan”
El presidente comercializa gorras y pegatinas con el mensaje Trump 2028, que causan furor entre sus seguidores. Llegó a dejar dos de esas gorras en el escritorio del despacho oval durante la visita de los líderes demócratas del Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, que se reunieron con él para tratar de evitar el cierre de gobierno, que va camino de convertirse, el miércoles, en el más largo de la historia del país.
La insistencia en esa idea podría ser una táctica de distracción para tapar asuntos más urgentes, como el propio cierre de gobierno, la militarización de las ciudades demócratas, las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe o el secuestro diario de inmigrantes y ciudadanos por su idioma español o su color de piel a manos de agentes con la cara tapada y sin identificar. Pero el Gobierno también publicita con orgullo esas acciones.
Puede ser también el deseo real del hombre que ya trató de perpetuarse en el poder instigando un golpe de Estado fallido el 6 de enero del 2021. Como se preguntó el gobernador de California, Gavin Newsom: “¿Quién se gasta 200 millones en una sala de baile y después se larga?”, dijo en referencia a la demolición, ya completa, del ala este de la Casa Blanca, para construir allí un salón parecido al que tiene Trump en Mar-a-Lago (su precio ha subido a 300 millones de dólares en la última semana, según la Administración).
El criminal convicto Steve Bannon, probablemente el estratega que ha tenido el papel más determinante en la década de Trump en política, es contundente sobre la posibilidad de un tercer mandato: “Trump será presidente en el 2028 y la gente debería acostumbrarse a eso”, respondió a The Economist. Cuando se le informó que la Constitución se lo prohíbe expresamente, Bannon respondió: “Hay muchas alternativas distintas… En el momento oportuno, explicaremos cuál es el plan”.
La alternativa legal, la más obvia, es derogar la 22ª enmienda. No es una ruta imposible –ya se revocó en 1933 la 18ª enmienda, que prohibía la venta de alcohol–, aunque sí altamente improbable dada la configuración actual del Congreso y la impopularidad de la medida. Para hacerlo, una mayoría de dos tercios en ambas cámaras legislativas deberían presentar una nueva enmienda, o dos tercios de los estados tendrían que convocar una convención constitucional para proponerla. Después, tres cuartas partes de los estados tendrían que ratificar la enmienda mediante referéndums.
Algunos republicanos ya han comenzado a explorar esa vía. Una semana después de que Trump jurara la Constitución por segunda vez, el congresista por Tennessee Andy Ogles propuso una enmienda para permitirle que lo vuelva a hacer el 20 de enero del 2029. Pero los números no dan: los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso por estrechos márgenes y tampoco llegan a la mayoría cualificada de dos tercios de los estados, pues tienen mayoría parlamentaria en 28, seis menos de los necesarios para convocar una convención constitucional.
Una alternativa posible, que pareció descartar, es presentarse a vicepresidente y que el mandatario renuncie para darle el poder
Descartado este método, Trump podría explorar otra opción, que parece la más viable: aprovecharse de una laguna legal en el texto de la 22ª enmienda. En él se prohíbe que cualquier persona sea “elegida” para un tercer mandato, pero no que lo asuma. De este modo, podría buscar a otra persona que se presente por él y que lo nombre vicepresidente, con la promesa de renunciar después de alcanzar el poder. En ese escenario, el primero en la línea de sucesión se convertiría de inmediato en presidente sin la necesidad de pasar por las urnas.
Al ser preguntado por esa imaginativa vía, esta semana durante su gira asiática, Trump pareció descartarla: “Creo que a la gente no le gustaría eso”, dijo. “Es demasiado ingenioso. No estaría bien”. Sin cerrar la puerta a presentarse él, aprovechó para decir que el movimiento MAGA tiene a grandes candidatos, como su vicepresidente, J.D. Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio.
Otra opción para lograr este fin sería, simplemente, ignorar el freno constitucional. Trump podría presentarse para un tercer mandato y esperar a que actúen los tribunales. Es la estrategia que lleva siguiendo desde que llegó al poder, con más órdenes ejecutivas firmadas que ninguno de sus predecesores, aunque algunas de ellas hayan sido declaradas inconstitucionales por la justicia.
Si se presenta a las elecciones, es improbable que el Comité Nacional Republicano le bloquee la candidatura. El desafío llegaría posiblemente de los estados demócratas, que se negarían a incluirle en las papeletas, lo que desataría una serie de litigios que podrían terminar en el Tribunal Supremo, donde hay una mayoría conservadora (6-3), con tres jueces elegidos por Trump en su primer mandato, que han fallado a su favor en en 20 ocasiones, el 85% de las veces.
Algo similar ocurrió en las pasadas elecciones. En diciembre del 2023, el Tribunal Supremo de Colorado determinó que Trump no era elegible para postularse en ese estado, argumentando que había participado en la insurrección del asalto al Capitolio y citando la Sección 3 de la 14ª enmienda. Poco después, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, tomó una decisión similar y lo excluyó de la papeleta. El caso llegó al Tribunal Supremo federal, que dio la razón a Trump y le permitió presentarse.
Pero no está claro que el alto tribunal vaya a avalar una violación tan flagrante de la Constitución en caso de que Trump busque un tercer mandato. En ese escenario, el republicano podría buscar una cuarta opción: desobedecer a la justicia y agrandar la crisis constitucional ya existente.
