Es sabido que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y una financiación singular de Catalunya, guste o no, es totalmente necesaria si queremos superar algún día el llamado conflicto catalán. Por razones electorales no parece que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, vaya a hacerlo, lo que supondría volver a incumplir sus pactos con los independentistas catalanes. Pero más pronto que tarde se terminará haciendo.
No hay que olvidar que el procés se inició con la ruptura del pacto fiscal cuando el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le comunicó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ni creía en ello ni tenía margen para llevarlo a cabo. Y ahí empezó todo: la declaración unilateral de independencia de Catalunya y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la que se suspendió temporalmente la autonomía. Ahora la situación
se ha desinflamado, pero dista mucho de haberse solucionado.
Carta de negociación
La deuda ha sido el comodín que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empleado cada vez que se ha enfrentado a un problema irresoluble
La ministra de Hacienda ha anunciado que en
las próximas semanas presentará una propuesta “completa” de reforma del sistema de financiación autonómica. Será en este contexto donde el Gobierno de coalición progresista dará su solución. Una fórmula de financiación singular de Catalunya que recoja los compromisos alcanzados con ERC como contrapartida a su apoyo a la investidura de Sánchez. Algo similar a lo que ocurrió con la ley de Amnistía. También en esta ocasión hay una fuerte oposición desde una parte del resto de la población española, de las comunidades autónomas que gobierna el PP e incluso de algunas socialistas.
Existe una enorme insatisfacción de ERC con la financiación actual de Catalunya, una inquietud que comparte sin reserva el PSC. Ambos proponen una reforma radical que comportaría el reconocimiento de la soberanía fiscal y el aumento sustancial de recursos. Esto se conseguiría, según el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, “mediante una cesión gradual de todos los tributos estatales, que pasarían a ser gestionados por una Agencia Tributaria Catalana independiente que iría asumiendo competencias y los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria del Estado (AEAT) y mediante una reducción de la aportación de Catalunya a la caja común”. El resto de las comunidades autónomas, principalmente las que tienen menos recursos, como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, se oponen con uñas y dientes.
Montero parece haber encontrado la solución al sudoku con un incremento sustancial a todas las administraciones territoriales y esto se pagaría con más deuda. De hecho, la deuda ha sido el comodín que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empleado cada vez que se ha enfrentado a un problema irresoluble y que explica que España deba ya más de 1,7 billones de euros, el 103% de su PIB. Sánchez tendrá que traicionar sus principios (en este caso, mantener equilibrio presupuestario) como han hecho todos los presidentes cuando no había otra manera de hacerlo. Hay que cambiar de opinión cuando es necesario. Así lo hicieron Suárez cuando legalizó al PCE; González con el mantenimiento de España en la OTAN; Aznar cuando se reunió para negociar con ETA; Zapatero cuando afrontó el mayor ajuste social de la democracia, y Rajoy cuando subió los impuestos para evitar la quiebra del Estado. Una cuestión envenenada y que solo se podría gestionar con un cierto grado de racionalidad si los dos grandes partidos aparcasen un ratito su incesante trifulca y se pusieran a negociar seriamente.
