Un error técnico en la redacción de la enmienda aprobada por el Congreso a finales de noviembre en la que se establece el nuevo impuesto a la banca ha puesto en guardia estos días a las grandes entidades financieras, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Ministerio de Hacienda, que prepara una corrección urgente para enmendarlo antes de fin de año y, de esta manera, evitar un problema contable.
Según fuentes del sector, la norma tal y como fue aprobada por el Congreso provocaría, de entrar en vigor, un doble asiento contable en los resultados de los bancos del ejercicio 2024, en el que habrían de computarse de forma simultánea el impuesto extraordinario aplicado tras las subidas de tipos de interés y el nuevo gravamen. Fuentes del Ministerio de Hacienda corroboran esta información.
El PP no ha vetado la norma en el Senado, lo que permitirá publicarla en el BOE antes de fin de año
La gravedad, no obstante, es relativa porque a efectos de caja los bancos desembolsarían el dinero el año que viene, si bien la contabilidad de ambos impuestos gravando una misma figura –el margen bruto de interés– en el mismo año es problemática. La propia CNMV ha seguido de cerca esta cuestión, a la espera de que se solucione. Solo en el ejercicio 2024, la estimación es que el gravamen a la banca recaude unos 1.700 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda ya ha detectado y reconocido el error. De hecho, tiene un compromiso para subsanarlo a través de una disposición adicional incluida en alguno de los reales decretos ley que se suelen aprobar en los últimos consejos de ministros del año en los que se recogen diversas medidas. El departamento de María Jesús Montero añade que este error no afectaría a la previsible recaudación del impuesto.
Las entidades financieras, que rechazan con contundencia el impuesto, confían que se corregirá este fallo del diseño y que no se llegará a producir esta situación de doble contabilidad.
Otra de las incógnitas en torno al nuevo impuesto a la banca tiene que ver con los tiempos para su entrada en vigor, ya que tras la aprobación en el Congreso, debe pasar por el Senado y regresar de nuevo a la Cámara Baja para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todo ello ha de producirse antes de fin de año para evitar tener que aplicar un efecto retroactivo que podría generar nuevos frentes de litigiosidad.
El periodo de enmiendas en el Senado al proyecto de ley de reforma fiscal concluyó el martes sin que el PP planteara ningún veto, lo que a efectos prácticos normaliza la tramitación. De haberlo hecho, la reforma impositiva podría haberse demorado por encima del plazo fijado de 20 días, lo que habría generado un problema de cara a su regreso al Congreso y, por tanto, de su entrada en vigor.
Desde Hacienda el mensaje es ahora que el texto definitivo se publicará en el BOE antes de que concluya el año, con lo que se habrá resuelto definitivamente una compleja reforma fiscal que sumó los votos de partidos de izquierda (ERC, Bildu o Podemos) y de formaciones de derecha (Junts y PNV). Una reforma que permitirá aumentar la recaudación en más de 10.000 millones y cumplir con los compromisos comunitarios, así como recibir el quinto pago de los fondos europeos. El gravamen actualmente en vigor recaudó este año 1.695 millones y la previsión es que los ingresos sean superiores con la nueva figura fiscal.
Los bancos, por su parte, preparan sus recursos judiciales ante un nuevo impuesto que, al igual que el anterior, consideran ilegal. El gravamen no solo se ha aprobado, desde su punto de vista, de forma “caótica” y “poco transparente”, sino que provoca inseguridad jurídica y un daño a la economía. Según aseguran las asociaciones AEB y CECA, restará en sus tres años de aplicación 50.000 millones de financiación a empresas y familias. A diferencia de la anterior figura impositiva, en esta ocasión no se prohíbe a los bancos trasladar el impuesto a los consumidores.
