Meta fue condenada el miércoles por un juez Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre sus prácticas de privacidad de datos, una de las mayores multas impuestas contra un gigante tecnológico. El caso deriva del asunto de Cambridge Analytica, que estalló hace casi una década, tras las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez.
En 2021, Nuevo México demandó a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, la matriz de Facebook, por un escándalo relacionado con esa consultora política que contrató la campaña de Trump, alegando que la empresa de redes sociales había engañado a los usuarios con sus declaraciones públicas sobre su política de privacidad.
La sanción se produce después de que un jurado de un tribunal de Santa Fe declarara en septiembre responsable al gigante tecnológico de haber engañado a los ciudadanos del estado sobre cómo protege y recopila los datos de los usuarios y sobre las medidas que adopta para impedir la proliferación de contenidos perjudiciales en sus servicios.
“El extraordinario número de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y reiteración de la conducta, la amplitud de los asuntos en los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, el tamaño de la audiencia alcanzada en Nuevo México y el carácter claramente intencionado y sistemático de las repetidas declaraciones falsas de Facebook, acreditado durante el juicio, justifican la aplicación de la sanción máxima permitida por la Ley de Nuevo México contra las prácticas desleales: 5.000 dólares por cada infracción constatada por el jurado”, escribió el juez Francis Mathew.
El magistrado añadió que la sanción devengará intereses al tipo del 15% anual hasta que se abone íntegramente.
Meta ya había resuelto diversas demandas por vulneración de la privacidad derivadas del caso Cambridge Analytica en distintos puntos de EE.UU. como parte de un acuerdo global alcanzado en agosto por casi 17.000 millones de dólares con una coalición de fiscales generales estatales, en otro procedimiento federal relacionado con la seguridad infantil y la salud mental.
Sin embargo, como Nuevo México no formaba parte de ese acuerdo, el caso estatal sobre privacidad de datos relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica siguió adelante y llegó a juicio en septiembre.
En 2022, la empresa matriz de Facebook aceptó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que también surgió del escándalo de Cambridge Analytica. El caso sacudió a la compañía dirigida de Zuckerberg antes de que adoptara oficialmente el nombre de Meta y se centró en las acusaciones de que la consultora política Cambridge Analytica había accedido indebidamente a los datos de 87 millones de usuarios, lo que suscitó dudas sobre las prácticas de Facebook en la gestión de la información personal.
El juez Mathew señaló en su resolución que “Facebook no llevó a cabo la investigación exhaustiva que había prometido” tras salir a la luz las revelaciones sobre Cambridge Analytica. En 2018, diversos medios estadounidenses informaron que la empresa británica había adquirido datos privados de decenas de millones de usuarios de Facebook sin su conocimiento para crear perfiles de votantes estadounidenses.
Las revelaciones desataron una ola de indignación sobre cómo Facebook recopilaba información personal y trataba la privacidad de los usuarios. La llamada en su día madre de todas las redes sociales, al igual que muchas plataformas, se ofrece como un servicio digital gratuito, pero los usuarios proporcionan su información a la plataforma y reciben publicidad personalizada.
“La presión de los altos directivos para mantener bajos los costes, la falta de recursos suficientes para hacer cumplir las normas, las técnicas de investigación inadecuadas y el deseo de no sentar un precedente para futuras investigaciones”, según el juez, contribuyeron a lo que describió como una investigación interna deliberadamente ineficaz por parte de Facebook.
El entonces fiscal general de Nuevo México, Hector Balderas, presentó originalmente en 2021 la demanda estatal relacionada con Cambridge Analytica. El actual fiscal general, Raúl Torrez, supervisó el juicio.
Torrez también dirigió el proceso judicial contra Meta en su estado por cuestiones relacionadas con la seguridad infantil. En marzo, un jurado dictaminó que la compañía debía pagar 375 millones de dólares por infringir la ley estatal contra las prácticas comerciales desleales. Posteriormente, un juez de Nuevo México ordenó a Meta aportar 567 millones de dólares a un fondo destinado a paliar los daños, en una segunda fase del caso que determinó que las actuaciones de la empresa de redes sociales habían creado un problema perjudicial para el conjunto de la sociedad.
Meta declaró su rechazó a esa resolución de Nuevo México y anunció que la recurriría.
