El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).
El magistrado sostiene que la compañía vendía el acero “con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento”.
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga (SIDENOR / Europa Press)
Según el magistrado, que hoy ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.
Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
El magistrado entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.
A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.
Por el contrario, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.
En este caso, el magistrado aplica la directiva europea de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Este último extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes, condición que, en este supuesto, según el juez, se cumple en interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas.
Sidenor, Jainaga y el rescate de Talgo
Sidenor, a través de un comunicado publicado a mediodía de este viernes, asegura haber puesto “el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder”. La compañía añade que “el pasado 1 de julio Sidenor hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel”. Fuentes de Sidenor explican que esa suspensión de relaciones comerciales se hizo “antes del embargo declarado por Gobierno de España el pasado 23 de septiembre”.
La imputación del presidente de Sidenor se produce en pleno proceso de entrada en el accionariado de Talgo. La compañía vasca fue la opción nacional para adquirir el fabricante de frentes después del veto del Gobierno a la compañía de capital húngaro Ganz-MaVag, que llegó a lanzar una opa.
Tras esa puerta cerrada a los húngares, emergió la opción de Sidenor y de Jainaga para hacerse con Talgo. La compañía reclamó que los gobiernos español y vasco también participarán, a través de sus brazos industriales públicos, en la operación. Sin embargo, el Ejecutivo español mostró reticencias iniciales a la operación, que estuvo cerca de naufragar. La presión del PNV motivó, sin embargo, que el Gobierno central girase y ofreciera la participación de la SEPI en la operación.
Así, el pasado verano, el Consejo de Ministros aprobó la inversión de la SEPI en Talgo por 75 millones de euros en total, entre los 45 millones de ampliación de capital y los 30 millones de deuda convertible en acciones. La sociedad pública controlaría el 7,9% del capital en una operación conjunta con Sidenor y el Gobierno vasco. La imputación de Jainaga sorprende en el proceso final de operación de rescate de Talgo.
