Hola, ¡feliz domingo!
El mayor apagón en décadas ha dejado algo más que trenes detenidos y oficinas a oscuras: ha abierto una grieta en el relato energético español y encendido viejas tensiones sobre cómo debe ser el nuevo mapa eléctrico del país.
Mayo quebró antes de empezar. A las 12:32 del mediodía del 28 de abril, España, Portugal y Andorra vieron cómo, en cuestión de segundos, el suministro eléctrico desaparecía. La península ibérica quedó a oscuras: trenes detenidos, quirófanos parados y oficinas cerradas durante horas. Un mes después del apagón, las investigaciones sobre el origen del fallo siguen sin determinar el motivo exacto.
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La causa inmediata fue una fuerte oscilación en los flujos eléctricos que desconectó a la península del sistema europeo. La red no pudo compensar el desequilibrio, y se activaron cortes automáticos para proteger su integridad. Solo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla —interconectadas por separado— conservaron el suministro con normalidad.
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Los datos de generación de energía eléctrica mostraban una imagen insólita: una caída repentina de la producción solar en cuestión de minutos. A esa hora, la fotovoltaica estaba aportando cerca de 16 gigavatios (GW) al sistema eléctrico español y representaba el 60% del consumo, una cifra muy alta debido a las condiciones de pleno sol del mediodía. De repente, se perdieron unos 10 GW, dejando la producción solar nacional reducida a apenas 6 GW.
Según los datos de Red Eléctrica Española (REE), en apenas minutos se perdió alrededor de 10 GW de potencia fotovoltaica y 1,5 GW de eólica. De forma inmediata se detuvo la energía nuclear, por protocolos de seguridad: las centrales nucleares se desconectan para evitar riesgos cuando detectan inestabilidad en la red. Esto implicó una caída adicional de 3 GW.
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El Gobierno aún no ha señalado a un culpable. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, promete actuar “cuando haya certezas”, según una entrevista de Antonio Cerrillo y Pilar Blázquez publicada en La Vanguardia. De momento, el Ejecutivo reconoce que el análisis será largo y complejo.
Las eléctricas reclaman acceso completo a los registros del sistema, mientras el Gobierno insiste en que colaboren con total transparencia. Las fricciones no sólo crecen entre instituciones, también entre quienes defienden la expansión renovable y quienes culpan a su fragilidad.
El gran apagón llega cuando el sector fotovoltaico está en plena expansión. España instaló en 2024 un total de 6.048 megavatios (MW) de nueva potencia solar en plantas en suelo –sin contar el autoconsumo–, un crecimiento del 23% respecto al año anterior. Actualmente, la potencia fotovoltaica acumulada en el suelo supera los 33.686 MW, cifra superior al ritmo estimado en la hoja de ruta del Gobierno.
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En los últimos años, España ha acelerado la transición hacia las energías renovables. En 2024, la generación con fuentes renovables aportó el 56,8% del mix eléctrico. Este crecimiento ha sido especialmente notable en regiones como Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, que concentran más del 70% de la capacidad fotovoltaica del país.
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El incidente también ha reactivado el debate nuclear. Aunque el calendario oficial mantiene el cierre escalonado de los siete reactores entre 2027 y 2035, las energéticas piden “repensar” el futuro de las nucleares. Reclaman aliviar la presión fiscal y alertan de que un cierre descoordinado podría desestabilizar el suministro en regiones especialmente dependientes de esta fuente. Por su parte, la ministra Aagesen asegura que “ninguna instalación cerrará si no hay garantías de suministro”.
Y ADEMÁS
Cortocircuito narrativo
Mientras tanto, al otro lado del mundo, Donald Trump ha vuelto a conectar su discurso a una vieja acusación: la existencia de un genocidio contra granjeros blancos en Sudáfrica. Los datos oficiales indican otra cosa: en 2024 Sudáfrica registró 27.612 asesinatos, de los cuales solo 55 —un 0,2%— estuvieron vinculados a explotaciones agrícolas.
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El crimen violento es un problema estructural en el país, pero no hay un genocidio. Aun así, el 12 de mayo de 2025 llegó a Estados Unidos el primer grupo de afrikáners reconocidos como refugiados por la administración Trump, en una decisión más simbólica que basada en evidencias.
