El curso pasado acabó con una larga lista de asuntos pendientes en los tribunales que sólo ha amainado gracias a las vacaciones de jueces y dirigentes políticos y al desastre de los incendios que han llenado de humo y ceniza las cabeceras de los medios de comunicación. Casi extinguidos ya, mañana todo volverá al punto de origen, con el ex secretario de organización del PSOE en la cárcel, el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo al igual que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid o la investigación abierta contra el ex ministro del PP Cristóbal Montoro y todo su equipo.
El y tú más, que ha sido protagonista de los últimos meses en el arco parlamentario, regresa. Hace tiempo que se dice que la política está judicializada. No parece que esta situación vaya cambiar a corto plazo.
Apertura del año judicial. Un fiscal general en el foco
La primera escena de este nuevo acto tendrá como protagonista a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. El próximo viernes, 5 de septiembre, se celebra la apertura del año judicial, un acto solemne presidido por el rey Felipe VI, en el Tribunal Supremo. La presidenta Isabel Perelló a un lado y el fiscal general al otro, harán sus respectivos discursos.
Es casi unánime la opinión dentro del máximo tribunal español de que la presencia de un fiscal general procesado por un delito de revelación de secretos en este acto perjudica a la justicia en general.
La apertura del año judicial será un punto de inflexión con la asistencia de un fiscal general procesado
Más aún si durante esta semana el juez del Supremo Ángel Hurtado acuerda la apertura de juicio oral contra García Ortiz, una vez que la Sala de lo Penal confirmó a finales de julio su procesamiento. Hasta ahora, García se ha negado a dimitir, convencido de su inocencia en el caso. El Gobierno también ha mostrado su plena confianza en él por considerar que es víctima de una encerrona por parte del entorno de Díaz Ayuso.
García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel por supuestamente revelar datos privados a la prensa sobre González Amador, la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo futuro también está pendiente de los tribunales.
El bando opuesto. González Amador, presunto defraudador
Es previsible que el Partido Popular utilice la causa al fiscal general para atizar al Gobierno al tratarse de un nombramiento hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de utilizar a la Fiscalía para sus guerras políticas. Sin embargo, este ataque tendrá su otra cara de la moneda en González Amador, que no ha logrado frenar las dos causas penales que tiene abiertas tras su estrategia de acusar al fiscal general.
El PP deberá afrontar las acusaciones por el fraude del novio de Ayuso, la imputación de Montoro y Kitchen
Aunque el Supremo haya decidido que García Ortiz tendrá que sentarse en el banquillo, su futuro no se prevé mucho mejor. Antes de jubilarse, la instructora del caso contra la pareja sentimental de Díaz Ayuso confirmó el procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Esta última resolución debe revisarla la Audiencia Provincial de Madrid, que resolverá definitivamente si será juzgado por defraudar 350.000 euros, por lo que la Fiscalía le pide 4 años de cárcel. Además, tiene otra causa abierta por un caso de presunta corrupción vinculada al grupo sanitario Quirón.
En el epicentro del PSOE. La larga espera de Cerdán
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene material suficiente para golpear sin descanso a un Pedro Sánchez tocado tras el ingreso en prisión incondicional de Santos Cerdán el pasado 30 de junio. El exdirigente socialista fue mano derecha del secretario general del PSOE en esta última legislatura, y es la persona que negoció con Carles Puigdemont la investidura de Sánchez a cambio de una amnistía, además de ser uno de los impulsores para reflotar la investigación parlamentaria por la llamada operación Catalunya, que salpica al PP durante la etapa de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno.
Tras un verano en la madrileña cárcel de Soto del Real y sin visos de una salida próxima, estos meses serán clave para ver si el exsecretario de organización del PSOE mantiene su estrategia de negar que junto al exministro José Luis Ábalos y el asesor de éste Koldo García formaron una trama corrupta. En una entrevista concedida a La Vanguardia , negó haber hecho nada ilegal o que esas supuestas mordidas fueran destinadas a financiar ilegalmente al partido.
Pedro Sánchez estará pendiente de los próximos movimientos de Santos Cerdán para salir de la cárcel
En cualquier momento, Cerdán podría cambiar de estrategia en busca de obtener la libertad, tal y como hizo otro de los investigados de esta causa, el empresario Víctor de Aldama. Fue el primero que decidió tirar de la manta y reconocer las mordidas a cambio de un pacto con la Fiscalía.
Además, Cerdán tendrá que estar también pendiente de lo que pueda contar la exmilitante Leire Díez, quien está siendo investigada por llevar a cabo maniobras contra responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción. Esta unidad policial es la encargada de investigar varios asuntos que actualmente salpican tanto al Gobierno como a familiares del presidente Sánchez. Díez ha sido llamada a declarar el 8 de septiembre en el Senado.
Casos de familia. Begoña Gómez y David Sánchez
En este curso no habrá respiro para los familiares de Sánchez investigados. El juez Juan Carlos Peinado acaba de añadir un delito más contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y ya son cinco los delitos por los que está siendo investigada. En el caso de su hermano, David Sánchez, queda por fijar la fecha para ser enjuiciado por supuestamente haber sido nombrado a dedo como jefe de la oficina de artes escénicas de la Diputación de Badajoz.
La amnistía de vuelta. Puigdemont sigue en Waterloo
Muchas voces daban por hecho que el expresidente catalán Carles Puigdemont volvería en agosto a España. Ahora más que nunca su regreso con todas las garantías es fundamental para el Gobierno porque los votos de Junts son decisivos para numerosos proyectos del Ejecutivo, en particular los presupuestos. Sin embargo, el líder de Junts no ha querido arriesgarse a regresar ante el temor de que el Tribunal Supremo acabe encarcelándole.
Aunque el Tribunal Constitucional ya ha avalado la amnistía, la situación de Puigdemont no está del todo clara. El alto tribunal considera que los líderes del procés malversaron fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que ese dinero se utilizó en beneficio de su propia carrera política. Este es el argumento del alto tribunal para justificar que los hechos que se imputan al expresident están dentro de las excepciones –el delito de malversación– que recoge la ley del olvido y por tanto no se le puede amnistiar.
La postura del Supremo también debe ser revisada por el Constitucional a través de los recursos de amparo interpuestos. Fuentes del tribunal calculan que comenzarán a estudiarse entre septiembre y octubre. Aunque fuentes del Supremo aseguran que en caso de que Puigdemont regresase lo más probable es que después de pasar a disposición judicial quedase en libertad, el expresidente catalán no está dispuesto a asumir el riesgo y el descrédito que significaría pasar un tiempo entre rejas después de siete años en Waterloo.
La larga historia del 3%. Juicio a los Pujol tras una década
Dentro de dos meses, la Audiencia Nacional debería ver a Jordi Pujol i Soley, de 95 años de edad, sentado en el banquillo de los acusados por ocultar dinero en la banca andorrana. La Fiscalía Anticorrupción defiende que ese dinero proviene de la corrupción durante sus 23 años de presidencia de la Generalitat. Junto a él se sentarán todos sus hijos. Pujol siempre ha dicho que aquel dinero provenía de una herencia de su padre no declarada a Hacienda.
Debido a su avanzada edad, habrá que esperar hasta el último momento por si la Audiencia Nacional exime al expresident a enfrentarse al juicio. Le reclaman nueve años de cárcel, pero quien está en peor situación es su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 29 años de prisión. El juicio se prevé largo, con la declaración de 245 testigos.
Otro frente del PP. Montoro, pendiente de declarar
El pasado mes de julio se conoció que un juez había imputado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y a su anterior equipo por liderar una organización que presuntamente modificaba leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona sospecha que existe una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, “desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. La defensa de Montoro va a intentar anular la causa porque el juez la ha mantenido siete años bajo secreto. El juez tiene pendiente citar a declarar a los investigados mientras la Audiencia de Tarragona resuelve hasta dónde debe llegar la investigación. El magistrado ha optado por limitarla al tráfico de influencias. Sin embargo, algunas personas como el exministro Rodrigo Rato, han reclamado que se investigue si Montoro utilizó la Agencia Tributaria para actuar contra sus enemigos políticos.
Tiempo al tiempo. La Kitchen llegará en primavera
No será hasta la primavera del año que viene que se vea a otro exministro, en este caso el de Interior Jorge Fernández Díaz, junto a su exnúmero dos, Francisco Martínez, y la cúpula policial de entonces por orquestar una maniobra parapolicial para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la caja b del partido que podría comprometer a Rajoy.
