Una jueza federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados del Gobierno de Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.
En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
Deportaciones por error
La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, opinando que “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.
En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión.
Cobb señala que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, indica el documento.
Un tribunal de Washington, prohibió temporalmente al gobierno expulsar a cualquier inmigrante amparándose en esa legislación.
La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Agrega Cobb que, “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”. ”Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, apostilla la jueza.
